Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 23 de septiembre de 2021
  • Actualizado 10:58

Una ley consensuada por la emergencia sanitaria

Una ley consensuada por la emergencia sanitaria

Cualquier medida, acción o norma que esté orientada a lograr el bienestar de la población, y más aún en una emergencia sanitaria como es el caso del coronavirus, no solo debe ser implementada sino apoyada por todos los sectores, pero siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales de las personas.

En las últimas semanas, cuando no meses, la Ley de Emergencia Sanitaria (1359), del 17 de febrero de este año, ha causado más de un roce entre el Gobierno y los médicos. Los galenos aseguran que esta norma y su reglamento criminalizan y amordazan a los profesionales y trabajadores de este rubro. 

Por estos motivos, el sector salud determinó otorgar siete días para que el Gobierno abrogue esta norma, con la advertencia de que saldrán a las calles, se movilizarán y lucharán por sus “derechos”.

El rechazo del sector salud a esta norma de emergencia sanitaria se reavivó después de que el Gobierno emitió el decreto reglamentario que dispone que se penalice la suspensión del servicio de salud, porque se considera un atentado contra la población, más aún cuando la pandemia sigue dejando en el país una estela de enfermos y fallecidos, muchos de los cuales no pueden acceder a un espacio en los hospitales.

Un derecho fundamental de las personas, además de vivienda y educación, es acceder irrestrictamente a los servicios de salud, independientemente de si cuentan o no con recursos económicos.

Por eso, es importante asegurar que los servicios de salud funcionen, en lo posible, sin ningún tipo de interrupción, porque de eso depende la vida de los pacientes, más de aquellos que se encuentran en estado crítico, han tenido un accidente o sufren de alguna enfermedad terminal.

Pero eso no significa que el personal médico, así como sucede con otros sectores, no puedan expresar sus demandas mediante medidas de protesta o presión.

Sin embargo, aquí cabe hacer una puntualización, el trabajo de los médicos no es igual al de otros sectores, porque en sus manos está la salud de la población, que en muchos casos no puede esperar ni un minuto, ante la emergencia se debe actuar con premura.

Para evitar las desavenencias que surgen entre los médicos y el Gobierno deberá imperar el diálogo y entre ambos planificar las mejores estrategias para asegurar el funcionamiento del sistema de salud sin vulnerar los derechos de uno u otro sector. 

Cualquier acto de concertación debe tener como objetivo el bienestar de la población, su salud como prioridad.

Por eso será pertinente que ambos sectores se sienten a la mesa de diálogo y encuentren consensos bajo la más amplia apertura, dejando de lado los intereses meramente sectoriales o políticos. Solo así se avanzará en el fortalecimiento del sistema de salud.

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