Opinión Bolivia

  • Diario Digital | miércoles, 07 de diciembre de 2022
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Legisladores al banquillo de acusados

Legisladores al banquillo de acusados

La ausencia de una treintena de parlamentarios permitió en la Asamblea Legislativa el cambio de agenda y la elección del nuevo Defensor del Pueblo. Y aunque legisladores de Comunidad Ciudadana salieron al frente para aceptar que fue un error y tratar de justificar este hecho, la suerte ya está echada y el país tiene en Pedro Callisaya al nuevo titular de esta institución.

La pregunta que deben responder ahora las autoridades que se ausentaron y quienes conceden los permisos es si es posible aprobar un número tan elevado de licencias cuando el país requiere que quienes fueron elegidos para elaborar leyes trabajen como corresponde.

El ministro de Justicia, Iván Lima, fustigó a los parlamentarios que se ausentaron la jornada en la que se eligió al Defensor del Pueblo y los acusó de creerse una “casta privilegiada que trabaja cuando quiere y no cumple con sus obligaciones”.

De los 166 parlamentarios que conforman la Asamblea Legislativa, 34 se encontraban con licencia por distintas causas, dos de ellos oficialistas y el resto opositores, según un documento publicado por Lima.

Es comprensible que, como cualquier trabajador o funcionario público, un legislador tenga el derecho de vacación o permisos excepcionales, cuando se presenta una emergencia, pero no se debería ausentar cuando así lo vea conveniente, dejando acefalías en la Asamblea Legislativa.

Es hasta incluso sospechoso que una treintena de legisladores hayan coincidido en pedir permiso para no asistir a la sesión del viernes 23 de septiembre en la que se cambió la agenda y se designó al nuevo Defensor del Pueblo titular. 

Una opción que tenían estas autoridades era convocar a sus suplentes, pero de ninguna manera dejar sin contrapeso la Asamblea Legislativa, es decir, sin oposición.

Por eso, los legisladores que no asistieron a esta sesión tendrán que dar explicaciones no solo a sus partidos, sino también a los votantes que depositaron su confianza en ellos para que realicen una tarea de fiscalización rigurosa a todos los actos del Ejecutivo, y la misión de elaborar leyes que vayan en beneficio de los bolivianos.

Los legisladores elegidos en representación de las diferentes regiones deben estar conscientes de que son privilegiados al recibir una remuneración de más de 22.000 bolivianos, cuando miles de familias en el país sobreviven con salarios mínimos que ni siquiera les alcanza para cubrir sus necesidades más básicas.

Por eso, cuando un legislador u otra autoridad no cumple con su trabajo está defraudando no solo la confianza que tiene de parte de la población, sino que recibe un salario que no merece y que sale de las arcas del Estado, de los impuestos que, en forma sacrificada pagan millones de bolivianos.

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