La noticia tomó por sorpresa a los cochabambinos la mañana de ayer, y causó zozobra. La represa de agua de Escalerani, en Tiquipaya, fue tomada por comunarios de la zona. Cerraron sus válvulas y afectaron la provisión de agua hacia los distritos 1 y 2 de Cercado, en la zona norte. 

Inmediatamente, el Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado (Semapa) informó de la puesta en marcha de un plan de contingencia para no dejar desabastecidos del servicio a los habitantes de los distritos en cuestión. En una nota publicada por ANF, el gerente General de Semapa, Deybi Vidal, aclaró que para el resto de los distritos el suministro de agua es normal. Precisó que las válvulas fueron cerradas por los comunarios a las 23.30 del jueves, un hecho que fue verificado por la empresa la mañana de ayer. Al momento de brindar tales declaraciones, Vidal aún no había tenido contacto con las personas que habían entorpecido el funcionamiento de la represa, una medida atribuible a los conflictos políticos y sociales que tienen lugar en la ciudad en los últimos días. 

Semapa se comunicó con ejecutivos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) para coordinar las acciones legales que correspondan. De manera similar, remitió una nota al Comando de la Policía para que se resguarde todas las instalaciones de la empresa.

En otra nota, publicada por este matutino, el gerente Comercial de Semapa, Luis Prudencio, recalcó que se estaban tomando todas las previsiones para evitar la escasez de agua potable en la ciudad. Aunque el anuncio de empresa otorgó algún alivio, el pánico ya se había instalado. El agua es un recurso elemental para la sobrevivencia de cualquier comunidad, y en la ciudad de Cochabamba su eventual escasez es un fantasma que no ha sido desterrado por completo. 

La carencia del líquido vital es un hecho anclado en la memoria de los cochabambinos, sobre todo de las generaciones menos jóvenes, que no puede tomarse a la ligera y activa susceptibilidades. Y con razón. Esta ciudad ha esperado por cerca de medio siglo para que un proyecto tan imprescindible, como Misicuni, sea concluido y garantice de agua en condiciones dignas a  sus habitantes.

Mucho se viene hablando durante estos días de convulsión del derecho a la protesta, que, lo recuerdan el Gobierno nacional, la Policía y otros actores políticos, está garantizado por la Constitución Política del Estado (CPE). Pero, ante una situación como la toma de Escalerani, cabe preguntarse cuál es el límite permisible de las protestas. Si una medida de esa naturaleza pone en riesgo la vida de una comunidad, ¿debería aún considerarse una protesta defendible constitucionalmente? ¿Puede una acción extrema como la asumida en Escalerani ser una respuesta legítima a otras medidas de presión adoptadas por bandos contrarios? ¿Un paro de actividades es equivalente a dejar a una ciudad sin agua? ¿Es comparable el bloqueo de vías a cortar el suministro del líquido elemento?

La respuesta taxativa a todos esos interrogantes es la misma: no. La toma y cierre de válvulas de la represa de Escalerani es una medida radical que revela la perversión del derecho a la protesta. Es una acción violenta que, con un ropaje reivindicativo, linda con lo criminal, toda vez que atenta contra derechos tan elementales como el acceso a agua potable. Es un hecho que, en ningún caso, debería tolerarse ni pasarse por alto. Por el contrario, amerita acciones legales e institucionales contundentes que lo contengan y eviten su reincidencia.