En los últimos días, el tema de la justicia volvió a la agenda nacional. Oficialistas y opositores, así como la ciudadanía en general, cuestionan el trabajo de jueces y fiscales.

Los cuestionamientos  a los administradores de justicia se dan, principalmente, tras conocerse que el fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, ganó una acción de libertad que presentó contra una denuncia sobre una supuesta manipulación informática. El Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto dictó el archivo de obrados y que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de declarar a Lanchipa un “perseguido político”.

El Fiscal fue acusado de haber permitido una manipulación informática en 2018 para poder postularse al cargo, cuando inicialmente fue inhabilitado, porque tenía una imputación formal en su contra.

A eso se suma lo sucedido el lunes, cuando dos vocales no lograron dirimir sobre la habilitación o no del expresidente Evo Molares como candidato a primer senador por Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, será un tercero el que defina la candidatura del exmandatario.

Pero, eso solo son dos casos “sonados”, ya que a diario se escuchan denuncias contra los encargados de aplicar las leyes y administrar justicia.

El actual Gobierno acusa a los jueces y vocales de estar ligados al MAS y que por eso estarían emitiendo fallos que, según ellos, favorecen no solo al exmandatario, sino también a otros líderes de esa organización política, que  participará en los comicios  del 18 de octubre.

Los cuestionamientos a la justicia no son de los últimos meses, se arrastran desde hace varios años. Solo basta recordar que en los casi 14 años que estuvo en el gobierno Morales, cada año decía que la tarea pendiente de su gestión era la justicia.

Lamentablemente, pese a las promesas de cambios y algunos esfuerzos para lograrlo, en la práctica no hay avances significativos.

Cuando  Jeanine Áñez llegó al Palacio también se comprometió a mejorar la justicia y a erradicar los hechos de corrupción, pero, también solo quedó en buenas intenciones.

La mala o inadecuada administración de justicia la sufren, principalmente, las personas de escasos recursos, ya que no solo ignoran las leyes, sino que, en muchos de los casos,  caen en manos de algunos inescrupulosos abogados, quienes ahondan más sus problemas.

En estos momentos en que el país está pasando días muy complicados, no solo por la pandemia del coronavirus, sino porque persiste la polarización política, jueces y fiscales deberían hacer todos los esfuerzos para mejorar la aplicación de la justicia, ya que, sobre todo ahora, se requieren fallos apegados a las leyes. No es una tarea fácil, pero es necesario que se comience a cambiar la justicia en Bolivia, no puede seguir siendo una tarea pendiente para los próximos gobernantes.