El acceso de las mujeres a la justicia avanza en el país “gracias” a que el Gobierno implementó cinco medidas, tales como el fortalecimiento de la Ley 348, según un informe presentado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Otra medida, a la que hizo mención Prada es la creación de una comisión de alto nivel encargada de revisar los casos de violación y feminicidio para investigar irregularidades cometidas en la justicia; además de la creación de juzgados para procesar los casos de violencia, entre otras.

Estas medidas, aunque aún no implementadas en su integridad, son instrumentos que permiten a las mujeres acceder a la justicia con mayor celeridad y se les garantice protección, y se sancione al agresor. 

Sin embargo, se requieren acciones más decididas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Una medida pendiente es aprobar un presupuesto acorde a la Ley 348, además de priorizar la prevención en los diferentes niveles, con la participación de las familias, las alcaldías, las gobernaciones, el Gobierno y la sociedad en general.

Empero, así como hay avances en el acceso a la justicia, aún persiste la injerencia política y la corrupción, tal como deja entrever un informe del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, presentado hace una semana en Ginebra.

En resumen, el informe de García-Sayán puntualiza que “los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión (...). La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones abren la puerta a la corrupción”.

La conclusión que asume el relator especial de la ONU es una denuncia que se ha realizado en varias oportunidades en el país, extremo que ha sido negado por el Gobierno, instancia que asegura que los actores políticos sí pueden verter su opinión sobre aspectos relacionados a la justicia, pero no interferir sobre las decisiones que asumen los jueces.

Pero, más allá de seguir denunciando o negando que hay injerencia política, lo que se debe hacer es trabajar hasta lograr que la justicia sea imparcial, sin tomar en cuenta si una persona es de un determinado partido o si tiene algún tipo de influencia.

Por eso, no sirve seguir sosteniendo discusiones bizantinas, lo mejor que pueden hacer opositores y oficialistas es trabajar para que la justicia boliviana recupere su credibilidad, es decir, que juzgue sin tomar en cuenta la condición social, factor económico ni ideología política, solo así se podrá tratar a todos con la misma vara.