La Fiscalía tiene 109 pruebas documentadas en contra de los seis imputados que están involucrados en la deficiente construcción del hospital del niño Manuel Ascencio Villarroel, pero en más de ocho años de procesos no hay ningún sentenciado. La infraestructura que debía servir para atender a miles de niños permanece como un “elefante blanco”.

Decenas de pequeños pacientes son atendidos en los ambientes del maternológico Germán Urquidi, como alojados, porque el pediátrico no tiene un hospital propio y los niños con sus padres sufren incomodidades. Este caso data de 2011, cuando se suspendieron los trabajos del hospital después de haberse detectado irregularidades en el diseño, construcción y estructura, a tal extremo que ingenieros especialistas concluyeron que la obra debía ser demolida. La infraestructura construida no es apta para soportar el peso de gran cantidad de personas al mismo tiempo, porque se debe tomar en cuenta que en un hospital están los médicos, enfermeras, personal administrativo, pacientes y sus familiares, además de los equipos.

Aparentemente, la única solución viable es la demolición de la infraestructura, porque si quisiera utilizarse existe el riesgo de que se desmorone. Se debe hallar y sancionar con penas de cárcel a los irresponsables que no cumplieron con su trabajo a cabalidad. Se tiene que sentar un precedente, porque no es el único caso de una obra mal construida. La Alcaldía de Cochabamba informó en más de una oportunidad que al tratarse de un proceso penal, se busca encarcelar a los involucrados y, además, la reparación del daño económico ocasionado al municipio por los desembolsos a la empresa contratista Consval que suman más de 3.8 millones de bolivianos. Sin embargo, en más de ocho años aún no se ha logrado obtener un veredicto de culpabilidad contra quienes están involucrados, lo que hace deducir que las personas responsables tienen protección en altas esferas del poder político, o que los administradores de justicia no hacen un trabajo eficiente.

Ocho años son más que suficientes para investigar y hallar a los responsables que atentan contra la salud de miles de niños que tienen como única opción acudir a un hospital público, en este caso al pediátrico que ocupa un espacio en el maternológico. Por falta de una infraestructura propia, el personal del pediátrico afirma que no atiende a todos los pacientes que debería  y que el edificio que ocupan no es la adecuada para las necesidades de los niños.

En la gestión 2018, el pediátrico atendió a 36.808 pacientes, y con un edificio propio se calcula que el personal podría dar servicio a 40.000 niños. Empero, al margen de que se castigue a los responsables de este delito, las autoridades del área de salud deberán elaborar un proyecto para edificar un nuevo hospital pediátrico, que, según señalaron algunos médicos, podría construirse en otro lugar, más amplio y con mejores perspectivas para crecer. Esta tarea es urgente porque la salud, y más aún la de los niños, no puede esperar, por lo que se deberá resolver este tema con suma prioridad. Los niños deben recibir una atención de salud en forma prioritaria y gratuita, no pueden esperar. Lo ideal será que se construya un pediátrico moderno, cómodo y amplio, con todas las especialidades para beneficiar a los miles de pacientes que cada día llegan a consulta.