Expresar una idea libremente, en forma individual o colectiva, y movilizarse para protestar son dos medidas lícitas, amparadas por la Constitución Política del Estado, siempre y cuando no atenten contra los derechos de las demás personas.

En cuanto al bloqueo de caminos, como otra medida de presión, hay discrepancias. Algunas personas aseguran que es una medida lícita y otras la desaprueban por los perjuicios, sobre todo económicos, que conlleva esta forma de protesta para la mayor parte de la población.

Pero en lo que no se puede estar de acuerdo es en el accionar de los denominados “grupos de choque”, porque los mismos son conformados con un fin específico, dañar a quien consideran oponente hasta, en algunos casos, causarle heridas severas e incluso la muerte.

Las personas que conforman estos grupos de choque salen a los espacios públicos armadas hasta los dientes, con palos, piedras, hondas y en algunos casos armas de fuego no convencionales con los que atacan a los contrarios sin consideración y parapetados tras la turba.

En los últimos días, grupos de choque han protagonizado violentos enfrentamientos, unos con el fin de hacer prevalecer los bloqueos que se han instalado en algunas regiones del país, y otros con la misión de levantar las barricadas que impiden la circulación de vehículos en las ciudades o en las carreteras que vinculan los diferentes departamentos.

Incluso se denuncia sobre la intención de conformar milicias armadas, como en su tiempo lo hizo el Movimiento Nacionalista Revolucionario del extinto Víctor Paz Estenssoro, lo que sería un desatino por parte de quien o quienes pretenden hacerlo.

Si la Policía permite que los grupos de choque sigan actuando con total impunidad, la creciente violencia continuará en aumento, tal como ocurre en Santa Cruz, Potosí, Tarija y Oruro, entre quienes bloquean los caminos y los que buscan desarticular esta medida de presión.

En Potosí, por ejemplo, la violencia registrada la jornada de este martes, dejó a varias personas heridas. En Tarija, según se denunció, algunas personas utilizaron gases lacrimógenos que son de uso estrictamente policial.

La Policía tiene el deber constitucional de conservar el orden público y la misión de defender a la sociedad, pero a la totalidad de la población, sin privilegios de ninguna índole.

Una de sus obligaciones es no permitir el accionar de  los denominados grupos de choque porque estos se encuentran al margen de la ley y con el paso del tiempo pueden convertirse en grupos irregulares que empiecen a cometer crímenes sin que nadie pueda poner un freno.

Por eso es mejor cortar cualquier irregularidad de raíz y no esperar a que se convierta en un problema difícil de resolver en el futuro.