El denominado “tren bala”, que según la denuncia de una concejala del MAS fue utilizado por la Alcaldía en la inauguración del Parque de la Integración, sigue provocando polémica entre oficialistas y opositores en Cochabamba.

En medio de este altercado se encuentran las personas que construyeron este vehículo denominado “tren bala”, quienes aseguran que invirtieron unos 50 mil dólares para tal efecto y pedían que se cumpla el compromiso de compra que se habría pactado con el municipio.

Una de las tareas más importante del Órgano Deliberante o Concejo Municipal, además de elaborar leyes para la administración eficiente del municipio, es el de fiscalizar el trabajo de la Alcaldía, es decir, verificar que se inviertan los recursos de los cochabambinos en lo que realmente se necesita y que se lo haga de forma eficiente.

No obstante, eso no implica que se utilice el recurso de fiscalización con fines políticos, es decir, solo para atacar al adversario político, aprovechando cualquier oportunidad que sirva para obtener réditos personales o de grupo.

Lo que llama la atención de las instancias de fiscalización es que normalmente no se manifiestan sobre los diversos asuntos que atañen a la administración pública y solo lo hacen cuando encuentran algún tema que puede tener ribetes de escándalo.

Los entes fiscalizadores deben estar atentos a todo lo que sucede con la instancia a la que controlan y cuando encuentran algún tipo de malversación o mala conducta actuar en consecuencia, sin sobredimensionar la falta o delito, y hacer el seguimiento respectivo hasta que el tema se dilucide completamente.

Las instancias fiscalizadoras no deben denunciar solo a sus adversarios cuando encuentran indicios de malversación, sino que también tienen la responsabilidad de obrar de la misma forma si es que las autoridades de su mismo color político cometen irregularidades.

Si un ente fiscalizador señala a todos quienes cometen algún tipo de irregularidad, eso significa que está cumpliendo su labor con rectitud y no solo guiado por su ideología política o por el encono que pueda sentir en contra de su adversario circunstancial.

Y si producto de la fiscalización rigurosa, seria e imparcial, la autoridad que es investigada debe ser derivada a la justicia ordinaria, tendrá que ser esta instancia la que determine, en base a las pruebas ciertas, la condena respectiva por los delitos que ha cometido o, en su caso, dictar la exoneración.

Solo así se podrá avanzar hasta que se logre una administración adecuada de los recursos públicos que pertenecen a todos los que viven en una determinada ciudad, región o país.