En lo que va del año se perpetraron en el país alrededor de un centenar de feminicidios; y las víctimas siguen sumando cada semana, tras sufrir violencia durante largos periodos de tiempo, ante una cierta indiferencia de la población en general. Lo que más preocupa es que “al año el conteo volverá a cero sin que las autoridades asuman acciones concretas”, advirtió la activista Shade Mamani, de la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de El Alto y La Paz.

El pasado 25 de noviembre, un numeroso grupo de mujeres y hombres salieron a las calles para clamar que se acabe con la violencia machista que ha quitado la vida a miles de mujeres en las últimas décadas, dejando en la orfandad a cientos de niños y niñas.

Este reclamo para que se erradique la violencia contra la mujer es una constante de los últimos años, con el fin de llamar la atención de las autoridades y de la población en general, pero, lamentablemente, se ha avanzado muy poco en el respeto a los derechos humanos de este sector.

En la marcha que se realizó en la ciudad de El Alto, las personas que se movilizaron clamaban: “señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

Estas palabras aluden a los feminicidios que ocurren en vía pública y en los hogares, donde hay testigos de que se está ejerciendo violencia contra las mujeres, pero gana la indiferencia de la gente, que no reacciona como debería y el resultado casi previsible es la muerte de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

Otro reclamo recurrente por parte de familiares de víctimas de feminicidio es que los administradores de justicia son benevolentes (negligentes) cuando se trata de procesar a un acusado de haber cometido este crimen, más aún cuando hay pruebas contundentes.

La Ley 348 protege a las mujeres para que no sufran violencia, pero si no se aplican todas las medidas que están señaladas en esta norma, la misma no servirá para nada.

En varios casos de feminicidios, los presuntos autores, aún con pruebas fehacientes, han sido beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, lo que les facilita su fuga. Hasta ahora no se sabe nada de ellos y los juzgadores siguen ejerciendo sus cargos.

Pero, además de insistir en que se debe implementar una justicia rápida cuando se trata de violencia contra la mujer, se tiene que apuntar a la prevención.

Y, como se ha repetido hasta el cansancio, se debe trabajar en la educación, para enseñar a hombres y mujeres que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades y que nadie puede ejercer violencia contra ellos y ellas. Solo así se podrá disminuir los casos de feminicidio. Lo contrario es seguir sumando víctimas a las estadísticas que cada año se incrementan.