Han pasado  36 días desde que la presidenta transitoria Jeanine Áñez envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto para la modificación de la Ley 1173 de abreviación procesal penal. Pese al pedido que hizo la jefa de Estado para acelerar los cambios, el pasado 15 de enero, y la necesidad que existe para evitar que presuntos responsables de hechos de violencia contra la mujer, feminicidios e infanticidios salgan libres y anden por las calles como si nada habrían hecho, la norma planteada sigue “durmiendo”. 

¿Los asambleístas estarán enterados de que al menos siete acusados por feminicidio han sido favorecidos con medidas sustitutivas a la detención preventiva o con detención domiciliaria, precisamente porque la actual norma es benévola con los hombres que asesinaron cruelmente a mujeres? ¿O están esperando que los familiares de las víctimas de feminicidio asuman acciones radicales para que ver si aún así escuchan el pedido de modificación a la cuestionada ley?

Es una vergüenza que personas que dicen ser padres de la patria no atiendan un pedido que se lo hizo hace mucho tiempo y que hace 35 días la Mandataria planteó formalmente a la Asamblea considerar en las dos cámaras el proyecto de modificación.

Los asambleístas deben priorizar esta demanda, antes que más presuntos feminicidas e incluso personas que ya han sido condenadas, se valgan de la actual normativa para estar fuera de la cárcel.

Ante la falta de atención de diputados y senadores, que al parecer están más ocupados de los temas políticos y electorales en lugar de clamor de familiares de víctimas de feminicidio, activistas de la Fundación Voce Libres  se han vuelto a declarar en estado de emergencia.

“Hay hasta la fecha, de lo que conocemos, siete casos que están quedando en libertad producto de la aplicación de la Ley 1173 y la falta de ponderación de derechos de algunas autoridades judiciales. Conocemos que en esta semana dos casos más acusados y sentenciados por feminicidio, a 30 años, uno de ellos, y otro acusado por feminicidio, ha cesado en su detención preventiva”, denunció ayer la abogada del Observatorio de Justicia de Voces Libres, Mercedes Cortez.

Los asambleístas están en la obligación de acelerar la modificación de la norma y no ver de palco lo que día a día viene sucediendo en el país, donde el número de víctimas de feminicidio ya alcanza a 22. O ¿cuántos más esperan que se registren para que pongan en agenda el proyecto de ley? 

Atención Los asambleístas están en la obligación de acelerar la modificación de la norma y no ver de palco cómo más mujeres son víctimas de feminicidio.