Cuatro cuerpos de mujeres, que habían sido reportadas como desaparecidas, fueron encontrados sin vida en fosas de la zona de Tres Arroyos, en el municipio de Villa Tunari, asesinadas con saña después de, aparentemente, haber sido abusadas sexualmente por un hombre que confesó los crímenes.

Tras el hallazgo de los cuerpos, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Maximiliano Dávila, afirmó que no se trata de un “asesino en serie”, porque las muertes se habrían dado por problemas “pasionales”, venganza o préstamo de dinero.

Sin embargo, lejos de representar un alivio la declaración del jefe policial, resulta que es, al contrario, un motivo de mayor preocupación, porque se reafirma una penosa verdad, que la mujer es aún asumida como un objeto, una propiedad de la cual se puede disponer de muchas maneras.

Esos crímenes nos hacen ver que aún hay hombres que encuentran en los conflictos pasionales una excusa para cometer crímenes atroces, que en estos cuatro casos en particular resultan ser feminicidios perpetrados con alevosía, aprovechando que las víctimas conocían al asesino y, por lo tanto, confiaban en él.

El hallazgo de los cuatro cuerpos fue posible por la confesión del principal sospechoso de haber perpetrado los crímenes, pero seguramente hay otros asesinatos de mujeres que no se llegan a descubrir y quedan en el más absoluto silencio e impunidad.

Las cifras de violencia y feminicidios que se conocen en cada gestión son escalofriantes, no solo por el número en sí, que crece cada año, sino por la saña con la que se cometen y porque, en la mayoría de los casos, se pudieron haber evitado.

La violencia contra la mujer debe cesar. No es posible que se sigan cometiendo tantos crímenes contra este grupo que aún es vulnerable con argumentos banales, sin que la sociedad con todas sus instituciones asuma acciones decididas para frenar la violencia.

Estas muertes deberían servir para reflexionar hacia qué dirección nos dirigimos como sociedad y qué perspectiva tenemos si en el interior de los hogares e instituciones se siguen cometiendo actos de violencia que, en muchos casos, tratan de ser justificados con argumentos sin fundamento y que han sido ya ampliamente superados.

La Defensoría del Pueblo de Cochabamba se ha pronunciado para exigir celeridad en las investigaciones que encara la Policía para resolver estos cuatro macabros casos, y si hay la probabilidad que detrás de estas muertes esté la mano del crimen organizado.

En caso de que esta última hipótesis tuviese algo de asidero, es obligación del Estado, mediante sus diferentes instituciones, garantizar la vida de todos los bolivianos, y particularmente de las mujeres que, en muchos casos, ya no pueden ni caminar solas por las calles ante el riesgo de ser agredidas o incluso asesinadas.

Frenar la violencia

La violencia contra la mujer debe cesar. No es posible que se sigan cometiendo tantos crímenes sin que la sociedad asuma acciones decididas para frenar la violencia.