La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que declara inconstitucional la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador en las elecciones generales de 2020 abrió una nueva polémica entre oficialistas que consideran acertado este fallo y opositores que aseguran que se trata de un desacierto.

Y si bien Morales adelantó que no tiene la intención de cobrar la indemnización, que se calcula en 1,3 millones de bolivianos, por los salarios que hubiese recibido, la senadora de Creemos Centa Rek afirmó que este fallo es “otra prueba de sometimiento del TCP (…) al MAS y específicamente al expresidente Evo Morales”.

Por su parte, la diputada del MAS Estefanía Morales puntualizó que el fallo del TCP demuestra que se vulneraron los derechos políticos del expresidente.

Y si bien cada parte tiene argumentos para defender o rechazar el último fallo del TCP, lo que se observa es que se realiza un cálculo para la indemnización como si el expresidente hubiese ganado la elección para senador.

Y si se tuviera que indemnizar a Evo Morales, la pregunta que surge es, ¿quién debe pagar este monto de dinero?, ¿deberían ser los magistrados que fallaron para inhabilitar en primera instancia a Evo Morales?

Lo más probable es que, si Morales decidiera pedir la indemnización, el dinero para solventar esta obligación saldría de las arcas públicas y no de quiénes dictaron el fallo que lo inhabilitó por no cumplir el requisito de la residencia en el país, toda vez que el expresidente salió del país para vivir en México, primero, y luego en Argentina de forma temporal.

Si se aplicara la ley a letra muerta, el expresidente Morales no tuvo como residencia Bolivia durante un año, por lo que no estaba habilitado para ser candidato en las elecciones generales de 2020.

Empero, ahora que se hizo público el polémico fallo del Tribunal Constitucional, el exmandatario aclaró que no tiene la intención de cobrar ese dinero, pero sí quiere saber quién o quienes dieron la orden para que lo inhabiliten como candidato a senador y anticipó acciones legales contra estas personas.

Al parecer, este fallo del TCP, además de la polémica que ya provocó entre oficialistas y opositores, puede desatar en los siguientes días procesos penales, o por lo menos amenazas de iniciar querellas, entre unos y otros, lo que podría ahondar más las diferencias entre sectores que en los últimos años han mantenido confrontaciones, que no hacen bien al grueso de la población.

Es momento de dejar de lado las rencillas políticas, los enfrentamientos verbales, los procesos que se inician unos contra otros y empezar a trabajar por la reactivación económica del país, dejando de lado definitivamente los apetitos personales que se superponen al bienestar de la población boliviana.