Cada mes, Cochabamba pierde al menos medio millón de bolivianos por la evasión de regalías mineras por parte de empresas que trabajan en la clandestinidad, según un informe de la Gobernación.

Este delito, que es cometido por grupos que se dedican a la explotación de minerales y elementos no metálicos, no es nuevo, se remonta a una década atrás o tal vez más, sin que hasta la fecha ninguna gestión departamental haya podido implementar una solución definitiva a un problema acuciante que le quita recursos a la región que debían ser invertidos en proyectos de desarrollo social.

Si los minerales que se explotan en yacimientos que no tienen todos los papeles al día salen impunemente sin ser detectados en los puntos de control es porque existe complicidad de funcionarios que se hacen la vista gorda tras recibir sobornos. Otra explicación es que estos empleados públicos no están cumpliendo a cabalidad su labor y no detectan la salida de esta materia prima.

Cochabamba no puede darse el lujo de perder ingresos por ningún concepto debido a que no vive precisamente en una bonanza económica.

Por eso, las entidades encargadas de realizar este control tendrán que ser más minuciosas a la hora de controlar a todas las actividades económicas que realizan la explotación de minerales u otros similares, con el objetivo de hacer cumplir lo que dictamina la norma, que todos paguen sus impuestos.

El informe de la Gobernación precisa que hay actividades mineras en al menos una veintena de municipios en el departamento que evaden el pago de regalías.

Si se ha logrado identificar los municipios en los que operan estas empresas ilegales, entonces, ¿por qué no se interviene con todo el peso de la ley para clausurar y quitar las concesiones a todos quienes no pagan las regalías?

La instancia de la Gobernación encargada deberá realizar un trabajo más concienzudo y, con apoyo de la Policía, proceder a desarticular los grupos de personas que se dedican a sangrar los recursos del Estado.

Además de procesar a estas personas, se deberá licitar nuevamente estos espacios de explotación minera, pero con las reglas claras, para que los que se adjudiquen estos espacios paguen lo que corresponde.

Si la evasión de regalías continúa como hasta ahora, los municipios en los que se explota de manera ilegal los minerales seguirán sin beneficiarse de estos recursos que muy bien les podría servir para construir escuelas, centros de salud y contratar personal para atender los mismos.

Sin embargo, este dinero solo beneficia a un grupo privilegiado de personas que gana por doble partida porque no pagan regalías. Si no se actúa en consecuencia, el mal ejemplo seguirá cundiendo a otras actividades económicas, lo que, en definitiva, es un atentado contra la salud de la economía departamental.