Los estudiantes que permanecen más de una década en las universidades públicas del país le cuestan millones de bolivianos al erario público y los resultados académicos son ínfimos, debido a que estos denominados “dinouniversitarios” no logran titularse como profesionales y, en la mayor parte de los casos, ni siquiera vencer un par de materias.

Un informe de las tres universidades públicas del eje central del país (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz) da cuenta de que existen al menos 20 mil estudiantes “dinosaurios” en sus listas vigentes, es decir, personas que se encuentran en estas entidades académicas una década, o más, y en los casos más extremos (aunque es difícil de digerir), más de 50 años.

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, precisó que cada universitario le cuesta al Estado aproximadamente 3.500 bolivianos por semestre.

Si se multiplica el número de estudiantes considerados “dinosaurios” por la inversión que se hace en cada uno de ellos por semestre, la cifra es millonaria, 70 millones de bolivianos que se gasta en universitarios que no tienen la voluntad suficiente para concluir sus estudios en un tiempo prudente, sino que, en muchos casos, quieren aprovecharse de la universidad pública, ya sea recibiendo beneficios económicos desde algún cargo dirigencial, o tener comedor universitario o seguro de salud.

Es indignante la permanencia de universitarios durante más de 20 años e incluso 50, como se hizo conocer en la Universidad Mayor de San Andrés.

Pero es aún más indignante los casos de dirigentes eternos, pero que, además, cobran salarios de más de 20 mil bolivianos, sin ser siquiera profesionales, porque nunca aprobaron un semestre de la carrera que cursan por décadas.

Uno de los últimos casos destapados (pero no nuevo) es del dirigente de 52 años, Max Mendoza, quien recibía un salario de 21 mil bolivianos mensuales, por ser parte del Comité Ejecutivo  de la Universidad Boliviana (CEUB). En cuatro años habría percibido 1.2 millones de bolivianos.

Lamentablemente, durante estos cuatro años, y tal vez más en los casos de otros dirigentes universitarios, hay autoridades universitarias que permitieron que se cometan estos delitos, ocasionando daños significativos a la economía de las universidades, por lo que estas personas tendrán que asumir también sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos.

Con urgencia se tendrá que convocar a un Congreso Universitario en el que se puedan analizar este y otros temas, de modo que se pueda enmendar todos los desaciertos que se vienen cometiendo históricamente en las universidades públicas.