Opinión Bolivia

  • Diario Digital | martes, 16 de agosto de 2022
  • Actualizado 23:00

La encrucijada del sistema de pensiones

La encrucijada del sistema de pensiones

Un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) establece que Bolivia debe pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), una de las administradoras de fondos de pensiones, la suma de 94,8 millones de dólares, como indemnización a esta transnacional que interpuso en 2018 un laudo arbitral contra el país.

Este fallo es inapelable, por lo que el Estado boliviano está obligado a pagar esta millonaria cifra por las acciones de BBVA en la AFP Previsión, toda vez que el Gobierno determinó que la administración de los fondos de pensiones pase a manos de una Gestora Pública, dejando de lado a las dos administradoras de fondos de pensiones.

Lo que llama la atención, además de este millonario pago que debe hacer Bolivia, es que la Gestora Pública no opera hasta la fecha, pese a que las normas bolivianas avalaron su funcionamiento hace más de una década.

En el camino surgieron un sinfín de dificultades que no permitieron que se cumplan plazos prudentes para que la denominada gestora empiece a realizar el trabajo que está aún en manos de las dos administradoras de fondos de pensiones y, por lo visto, aún no se tiene una fecha concreta para el inicio de operaciones de esta entidad pública.

En años anteriores, por ejemplo, se había observado el monto elevado de los sueldos que se planeaba pagar a las cabezas de la gestora, que superaban los 70 mil bolivianos, lo que fue criticado por los jubilados que reciben rentas de 2.500 bolivianos como promedio.

Los rentistas exigen una mejor jubilación, porque consideran que los menos de 2.000 que reciben muchos de ellos no les alcanza ni para atender sus necesidades más elementales.

Si la Gestora Pública no inició operaciones hasta la fecha, en más de una década, es porque no se planificó de manera adecuada su funcionamiento para velar por los recursos de miles de jubilados que merecen un trato digno y una renta acorde a sus necesidades más elementales.

Los jubilados merecen que las administradoras de fondos de pensiones y en algún momento la Gestora Pública les brinden certidumbre, porque es el único ingreso en el final de sus vidas, porque han confiado en el sistema de pensiones, con el fin principal de asegurar su vejez.

Por eso es importante que el Gobierno, mediante las instancias correspondientes, empiece a trabajar sin pausa hasta conseguir que la Gestora Pública comience a operar y cumpla un trabajo sin contratiempos, con los profesionales más capacitados para esta delicada labor y que no existan atisbos de corrupción en su funcionamiento. Que el mayor beneficiado sea el jubilado o la jubilada que espera una retribución por todo lo que aportó en su vida laboral.

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