El 10 de marzo, es decir hace casi un mes, se conocieron los dos primeros casos de coronavirus en el país. Si bien, inicialmente, los bolivianos estaban preocupados por la llegada del virus, probablemente, pocos dimensionaron los verdaderos efectos que arrastraría no solo en la salud, sino también en la economía.

Una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), realizada en las últimas semanas, revela que 6 de cada 10 empresas sufrió la reducción de sus ingresos en un 70%. La principal causa es la emergencia sanitaria y la cuarentena decretada por el Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez para evitar la propagación del COVID – 19.

Pero, el sondeo hecho a 4.782 empresarios de los nueve departamentos del país también señala que el enorme impacto económico se verá reflejado en los empleos. 

Actualmente, 8 de cada 10 empresas analizan la posibilidad de despedir personal en los próximos tres meses, si las condiciones no mejoran. El 17% no podrá reanudar operaciones tras la cuarentena y, lamentablemente, tendrán que cerrar.

La encuesta también deja de manifiesto que 6 de cada 10 empresas considera que es importante y prioritario implementar políticas de reducción de impuestos, acceso a créditos con tasas preferenciales y flexibilización de la normativa laboral.

Los datos de la Cámara Nacional de Comercio son más que preocupantes porque revelan las proyecciones que tienen los empresarios, sobre todo, cuando se refiere al despido de trabajadores.

Es sabido que la cuarentena está afectando al sector productivo, sin embargo, el investigador y docente universitario Fernando Salazar señala que la economía nacional no ha colapsado, una muestra es que los alimentos diarios están a disposición del consumidor.

Añade que el ritmo de la actividad productiva se ralentizó en varios sectores, pero no se frenó.

Los trabajadores están preocupados por lo que sucede con la economía y con las empresas en Bolivia, es por eso que han planteado al Gobierno que autorice el retiro de hasta el 20% de los ahorros previsionales que están en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ese planteamiento también lo hizo la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia(CEPB). El objetivo es inyectar recursos a la economía y, de esa forma, garantizar la estabilidad laboral.

Es bueno mencionar que la amenaza de despidos no solo se tiene en Bolivia. En Colombia, por ejemplo, están en riesgo 16 millones de empleos, mientras que en Argentina se perderían 450 mil, y en Chile 650 mil puestos laborales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su último informe publicado el martes, advierte que el mercado del empleo a escala global está en puertas de la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Calculó que 1.250 millones de trabajadores en el mundo corren el riesgo de ser despedidos o de tener una reducción de sus salarios.

La agencia dependiente de la ONU estimó que en el segundo trimestre de 2020, la pandemia puede desaparecer un 6.7% de las horas de trabajo en el mundo, es decir, lo que equivale a 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo.

La OIT señala que los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje y restauración, manufactura, comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas.

La situación es crítica y merece una especial atención de los gobiernos para diseñar estrategias que impidan la caída de muchas empresas y el incremento de la tasa de desempleo. La ayuda que otorgan debe ser para todos. Hoy más que nunca, tanto el que genera empleo como el que quiere tener o preservar su trabajo requieren una manito para sobrevivir a la crisis generada por el coronavirus.