La educación es, según la Constitución Política de Bolivia, la primera responsabilidad financiera del Estado, instancia que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Partiendo de este principio, consagrado en el parágrafo I del artículo 77 de la Carta Magna, el Gobierno, como administrador del Estado, debe cumplir esta misión de la mejor forma posible, toda vez que la educación es fundamental para el desarrollo de una nación.

En las últimas dos semanas, los maestros urbanos realizaron movilizaciones de protesta con el fin de exigir al Gobierno de Luis Arce mejores condiciones para la aplicación del nuevo programa de estudios, lo que implica más ítems, mayor presupuesto y la contratación de docentes especializados en las asignaturas recientemente incorporadas a la malla curricular.

El Gobierno, por su parte, reitera que ha invertido recursos económicos suficientes, incluso más que en pasadas gestiones al haber duplicado el presupuesto para este sector entre 2020 y 2023, además de la entrega de 7.500 nuevos ítems en ese mismo periodo.

El Ejecutivo insiste en el diálogo con el magisterio y los dirigentes de este sector replican que están dispuestos a conversar por el bien de la educación, pero que consideran que las autoridades del país no están actuando de buena fe cuando llaman a la mesa de conversación.

Y en este tira y afloja, entre los maestros y el Gobierno, los que más se perjudican son los estudiantes, quienes dejan de pasar clases cuando hay paros e incluso movilizaciones de los profesores, por lo que se incumple lo que está consagrado en la Constitución Política del Estado, de que la educación es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, a la cual tienen derecho de acceder todos los bolivianos, en forma gratuita.

Bajo este principio, el Gobierno debe trabajar en fortalecer el sistema educativo, disponiendo de un presupuesto acorde a las necesidades de maestros y estudiantes, además de diseñar mallas curriculares acordes a los avances científicos, sin dejar de lado los usos y costumbres de Bolivia.

Cabe destacar también que el dinero que invierte el Gobierno en educación es patrimonio de todos los bolivianos, y no de un grupo de personas o partido, por lo que quien administra circunstancialmente el país no está haciendo ningún favor a los bolivianos, sino que solo cumple su obligación, para lo cual recibe un salario.

Autoridades, maestros, padres de familia y técnicos deben reunirse periódicamente para evaluar cómo marcha la educación y diseñar las mejores políticas para este sector, dejando de lado las posturas sectoriales que no permiten avanzar hacia el fortalecimiento del sistema educativo.