Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 12 de abril de 2021
  • Actualizado 21:17

Educación, un derecho constitucional

Educación, un derecho constitucional

La educación en Bolivia es un derecho constitucional. El artículo 77 señala que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”.

Eso implica que todos los niños, adolescentes y jóvenes deben tener acceso a una educación de calidad. Sin embargo, algunas unidades educativas particulares parecen haberse olvidado de eso, y ahora pretenden imponer reglas que atentan contra ese derecho, ya que intentan imponer nuevas reglas, lo que es atentatorio a los intereses de los propios estudiantes y padres de familia que hacen denodados esfuerzos para tener a sus hijos en esos lugares.

En los últimos días, salieron a la luz pública varias denuncias sobre el incremento de las pensiones por enseñanza, la forma en que las cobrarían. Por ejemplo, que no sufrirían modificaciones, aunque las clases sean a distancia, virtuales, semipresenciales o presenciales; asimismo, están implementando la firma de contratos que ahora serán notariados y la exigencia de que los bienes de los padres queden grabados para que sean rematados si es que no cumplen con los pagos convenidos en el documento, entre otras arbitrariedades e ilegalidades.

Como era de esperarse, los padres de familia alzaron la voz de protesta, pero, dada la situación, no basta con eso, sino que necesitan que las autoridades de Educación impongan su autoridad en un tema tan delicado.

El artículo 100 de la Resolución Ministerial 01/2021 establece que el incremento de las pensiones para la gestión 2021 dependerá de la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Incluso, considera multas que son del 10% del ingreso mensual neto del colegio cuando la infracción es por primera vez y del 20% de su ingreso mensual neto si es por segunda vez hasta el cierre definitivo del establecimiento en caso de que incurra en una tercera infracción. Sin embargo, también el Ministerio de Educación dejó en manos de los padres de familia y dueños de colegios las “negociaciones” sobre el tema de las pensiones.

Lo claro es que no existe un ente que esté regulando ese tema, por el momento. Si bien las autoridades piden que los progenitores denuncien a los que se están excediendo en el cobro de pensiones y en los contratos leoninos, también se sabe que nadie se atrevería a hacer eso por temor a represalias contra sus propios hijos.

¿Qué hacer frente a ese problema? El Ministerio de Educación debe emitir reglas claras y realizar controles en los colegios privados, pero que se cumplan. No se puede lucrar con la educación; como en todo negocio, los dueños tienen derecho a ganancias, pero de ninguna manera pueden excederse o hacer de la educación “el negocio de su vida”.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, ha dicho que todos los contratos deben ser “visados por las Direcciones Departamentales de Educación, y que no puede existir excesos ni condicionamientos adicionales para la firma de los contratos”.

Las reglas deben ser claras en este tema. El gobierno ya resolvió que el año escolar arrancará el 1 de febrero bajo la modalidad de a distancia, medida asumida para precautelar la salud y la vida de los estudiantes debido al rebrote del coronavirus. Por lo tanto, el costo de la enseñanza también debe adecuarse a esa decisión.

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