El avasallamiento en el Parque Tunari, con la construcción de viviendas ilegales continúa, sin que las autoridades tomen medidas para impedir que esta acción depredadora continúe.

La mañana del miércoles pasado, la Alcaldía de Tiquipaya llegó hasta la torrentera de Gredamayu, donde, nuevamente, verificó la existencia de viviendas construidas y a medio edificar, pese a que es prohibido erigir casas en este lugar porque está encima de la Cota 2750, límite de protección del Parque Nacional Tunari.

En declaraciones a este medio, algunos propietarios señalaron que la Alcaldía de Tiquipaya les había entregado hasta 10 notificaciones de paralización de obras porque están sobre la torrentera, pero no se hizo nada más.

La construcción de viviendas en diferentes sectores del Parque Tunari continúa impunemente, pese a que la ley es clara, no se puede construir por encima de la Cota 2750. Sin embargo, el modus operandi de loteadores es vender terrenos a familias desesperadas por tener un techo propio, incitarlas a que construyan y resistan los intentos de desalojarlas hasta que puedan ser legalizados sus viviendas, por la fuerza.

De esa forma, muchas urbanizaciones han sido consolidadas en el Tunari, lo que implica un daño irreversible contra esta reserva y problemas para la población que vive en los municipios  del eje metropolitano: Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe.

Ya no se debe permitir la construcción de una sola vivienda más, porque las autoridades municipales y departamentales tienen que velar por el bien común, de la mayoría.

Los vecinos que construyen en torrenteras, sobre la Cota 2750, además de atentar contra esta reserva natural, se exponen a un riesgo inminente, porque en la época de lluvia pueden ser arrastrados por toneladas de lodo y piedra, como sucedió en Tiquipaya, en 2018.

No se puede atentar contra el Parque Tunari y menos poner en riesgo la vida de las familias. Para eso, las autoridades deben impedir que avancen las construcciones en zonas prohibidas.

Justicia

El sistema de justicia debe también trabajar para identificar, procesar y castigar a los loteadores que juegan con la ilusión de las familias que quieren una casa propia.

Los funcionarios de la Alcaldía de Tiquipaya afirmaron durante la inspección del pasado miércoles que realizan patrullajes conjuntos con el Servicio Nacional de Areas Protegidas para decomisar materiales de construcción y herramientas, pero, al parecer, no se resuelve el problema de fondo, el asentamiento de personas en esta área protegida.

El sistema de justicia debería también trabajar para identificar, procesar y castigar a los culpables de generar esta problemática, los loteadores que juegan con la ilusión de las familias que quieren una casa propia.

Algunos loteadores, que son denunciados por más de una víctima, siguen cometiendo sus delitos sin que sean sancionados, por lo que este círculo de estafa no se puede cortar.

En el Parque Tunari se han construido miles de viviendas y decenas de calles que impermeabilizan el suelo y evita la infiltración de agua. Además, la gente que vive en algunos barrios no cuenta con servicios básicos y contamina este pulmón.

Un informe del Ceplag de la Universidad Mayor de San Simón concluyó que al menos el 50% de las fuentes de recarga acuífera fue invadida por el crecimiento de las construcciones en el Tunari.

El avasallamiento debe parar ahora, antes de que la situación se agrave y nos quedemos sin esta importante reserva natural.