Los primeros meses de cada año se "pone sobre el tapete" del escenario nacional un tema sensible, dada las connotaciones que conlleva entre los diferentes actores involucrados: la negociación y aprobación del incremento salarial de la gestión.

Mientras que los trabajadores piden un aumento proporcional al costo de vida y que garantice una mejor existencia, los empleadores demandan una participación más amplia y activa en el proceso de fijación del alza salarial.

En este contexto, hace unos días, el actual Ministro de Economía y Finanzas Públicas anticipó que se conversará con todos los sectores, lo que implicaría una negociación tripartita entre el Gobierno y los representantes de ambos sectores involucrados en el tema.

Esta posición sería una respuesta al empresariado privado que —en varias oportunidades— ha expresado su inconformidad por haber quedado excluido de este proceso durante todos los años de mandato del expresidente Evo Morales. Tiempo en el que los incrementos salariales, según este sector, no estaban acordes a la realidad económica del país, lo que provocó que muchas microempresas y empresas reduzcan su personal o cierren sus actividades.

Cabe recordar que, en los últimos 14 años, el salario mínimo nacional se incrementó de 440 en 2005 a  2.122 bolivianos en 2019, lo cual representa un aumento de 382%.

Hace tres años, después de una reunión con representantes de los empresarios, la Central Obrera Boliviana y del Ministerio del Trabajo, la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) observó que el sector privado boliviano había sido excluido por el Gobierno de las consultas exhaustivas del proceso de fijación de salarios mínimos nacionales, establecido en el Convenio 131.

Este año, el Gobierno transitorio debe considerar —como recalca el artículo 3 de ese convenio— las necesidades de los trabajadores y de sus familias, tomando en cuenta el nivel general de salarios en el país, el costo de vida y las prestaciones de seguridad social; además de otros factores como el desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar un adecuado nivel de empleo.

 El anuncio del Ministerio de Economía sobre la negociación tripartita no debe tratarse de una simple formalidad, sino que se tiene que adoptar medidas para conocer las preocupaciones y los argumentos de ambos sectores, a fin de clarificar su decisión y, en particular, para tener en cuenta tanto las demandas de los trabajadores como de los empresarios.