La cuarentena total y flexible que soporta el país desde marzo del presente año para evitar la propagación del coronavirus está pasando la factura al sector productivo del país. Muchas empresas e industrias se han cerrado y otras hacen lo imposible para mantenerse en pie, pero, una de las medidas para tratar de mantenerse en el mercado local y nacional son, principalmente, la reducción de gastos y, por ende, de personal.

El jueves, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer que, entre abril y julio, la tasa de desocupación fue de 11.8%, una de las más altas de los últimos años. De ese porcentaje, 7.9% tiene como causa principal el coronavirus en Bolivia.

El director ejecutivo del INE, Yuri Miranda, sostuvo que sin los efectos de la pandemia la tasa de desocupación en Bolivia habría llegado al 3.9%, un porcentaje moderado que todavía era manejable.

El sector productivo privado aún no logra trabajar al 100% debido a que continúa existiendo algunas restricciones y prohibiciones. Asimismo, para cumplir con los protocolos y medidas de bioseguridad tiene que destinar un presupuesto adicional; todas esas situaciones han obligado a los empresarios a prescindir de los servicios de ciertos trabajadores.

El total de la población cesante e inactiva afectada por la cuarentena es de 698.000 personas, de las cuales el 53.3% son mujeres y el 46.7%, hombres. Según grupo de edad, las personas de 18 a 23 años que perdieron su trabajo son 41.000 y las inactivas son 98.000, de acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo (ECE). Asimismo, entre abril y julio alrededor de 434.000 personas comenzaron a buscar trabajo.

En mayo, el Gobierno anunció que se crearían miles de empleos temporales en todo el país para que las personas que se quedaron sin trabajo puedan acceder a uno, sin embargo, no es suficiente, más aún considerando que con el paso de los días el ejército de desempleados se incrementa.

La presidenta Jeanine Áñez también aprobó normas para que pueda inyectarse importantes sumas de dinero al aparato productivo, pero, considerando que el país arrastra una crisis económica desde los conflictos de octubre de 2019 por las elecciones fraudulentas, la situación es muy complicada.

En el caso de Cochabamba, hace poco más de un mes el Ministerio de Trabajo y la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) firmaron un convenio para trabajar de manera conjunta en la conservación y creación de empleos. 

Es evidente que uno de los grandes retos del próximo Gobierno que será elegido el 18 de octubre será el tema económico y, por ende, la creación de puestos de trabajo.

Es bueno mencionar que el problema del desempleo no solo afecta a Bolivia; en Chile la tasa de desocupación en el primer semestre fue del 12.8%; en Ecuador del 13.3%; en Perú superó el 16%, mientras que Colombia tiene la más alta con 24.3%.

El panorama es complejo y requiere de la atención de las autoridades que, en el caso de Bolivia, deben trabajar honestamente y sin politizar para evitar que el desempleo dispare los índices de pobreza y volvamos al pasado.