Ver las carpas en pleno desierto y las condiciones en que se encuentran decenas de bolivianos en la frontera chilena, Pisiga – Colcane, nos preocupa y hasta molesta. Hay niños, mujeres embarazadas e incluso adultos mayores que permanecen en el lugar hace varios días, cuando el Gobierno transitorio decidió cerrar completamente las fronteras para que nadie entre o salga del país. Esa extrema medida fue asumida por la presidenta transitoria Jeanine Áñez para evitar la propagación del coronavirus.

Los constantes y desesperados pedidos de esos compatriotas para que les permitan ingresar al territorio nacional están generando una ola de reacciones dentro y fuera del país. En las últimas horas, varios políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido a las autoridades gubernamentales que sean flexibles y, tomando todas las medidas sanitarias, les permitan entrar a Bolivia.

Llaman a la presidenta Áñez que sea consecuente con sus acciones y que, así como permitió que centenares de ciudadanos de Estados Unidos y varios países de la Unión Europea abandonen el país en los últimos días, también abra las fronteras para los compatriotas que quieren regresar y que están dispuestos a acatar un riguroso control y aislamiento.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha señalado que la “solidaridad es de ida y vuelta y que, así como se permitió salidas de extranjeros en vuelos de BoA, el Gobierno debería gestionar retornos solidarios sin discriminar a nadie”.

Pero, el problema no solo está en la frontera con Chile. Se conoce que hay más de 60 bolivianos que están en Berlín, Bruselas y Alemania que también desean volver al país. Estaban en esos lugares como turistas o forman parte de programas de intercambio. Obviamente, ante la crisis desatada por el coronavirus se han quedado sin dinero para solventar su estadía. Están pidiendo apoyo, pero la respuesta de la canciller Karen Longaric fue clara: el Gobierno no tiene un presupuesto para apoyar económicamente a ese grupo de bolivianos que se quedaron varados en esos países.

Ese problema que están viviendo los bolivianos, también lo tienen otras naciones vecinas, pero, el abordaje es distinto. Solo a modo de ejemplo, Perú destinó una partida especial para pagar el alojamiento, comida, medicamentos y otros para los peruanos que no lograron retornar a su territorio por el cierre de las fronteras.

Las autoridades gubernamentales no pueden seguir indiferentes e insensibles ante la tragedia que están viviendo nuestros compatriotas en la frontera. Es necesario que sean solidarios, pero, sobre todo, que cumplan con los convenios internacionales orientados a respetar los derechos humanos.

Se entiende que se debe velar por la salud de todos los bolivianos, pero no se puede abandonar a esas personas en estos momentos tan críticos. El Gobierno debe buscar las estrategias necesarias para permitir su ingreso, sin poner en riesgo la vida de nadie.