Una turba enardecida, de al menos 50 personas, irrumpió con violencia en el aeropuerto de Santa Ana de Yacuma y evitó que siete acusados por narcotráfico sean trasladados a Trinidad, la capital de Beni.

En el otro extremo del país, en la frontera entre Bolivia y Chile, grupos de pobladores hostigan a los funcionarios de la Aduana Nacional, incluidos militares, para liberar a contrabandistas o recuperar mercancía que es decomisada por el Control Operativo Aduanero.

Estas acciones, que se constituyen, a todas luces, en delitos, siguen ocurriendo, especialmente en las fronteras, donde los contrabandistas y narcotraficantes intentan imponerse con la complicidad de algunos pobladores a quienes, seguramente, ofrecen dádivas económicas.

No es posible que grupos de pobladores, en muchos casos armados, obstaculicen el trabajo de las fuerzas del orden. Es hora de que el Estado imponga autoridad en todos los rincones del territorio y no permita que clanes delincuenciales sigan operando impunemente, cometiendo delitos que socavan la institucionalidad del país.

El Gobierno tendrá que reforzar el sistema de seguridad que tiene en las fronteras, no permitir que pobladores encubran los delitos de contrabando y narcotráfico, porque eso implica perder autoridad y que un determinado territorio se convierta en tierra de nadie.

La ley debe aplicarse con rigor a los contrabandistas y narcotraficantes, incluidos sus cómplices, para sentar un precedente y enviar un mensaje fuerte a los clanes, que no se permitirá más su accionar delincuencial en ninguna parte del territorio soberano del país.

Si no queremos que el contrabando y el narcotráfico sigan ganando terreno en las fronteras del país, es urgente y necesario reforzar la lucha contra estos delitos. Para ello se debe equipar a los grupos encargados de combatir estas lacras, entrenarlos física y mentalmente, además de dialogar con los pobladores que viven en las fronteras para hacerles entender que deben rectificar su accionar.

Cualquier delito que se cometa y sea, además, protegido por los pobladores es un riesgo para la soberanía del país. Por eso, el gobierno nacional deberá implementar  más acciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes que viven en las fronteras y, al mismo tiempo, explicarles que es un gran desacierto proteger a los delincuentes, porque estos solo causan daño a todo el país.

Es hora de asumir acciones radicales, no dejar un resquicio para que los delincuentes sigan operando y recuperar el control absoluto de las fronteras. Caso contrario, seguiremos perdiendo vidas y la economía terminará por desangrarse, en detrimento de todos los habitantes del país.

Riesgo

Cualquier delito que se cometa y sea protegido por los pobladores es un riesgo para la soberanía del país, por lo que debe ser combatido con todo el rigor posible.