Aprobar una ley que sancione con drasticidad a quienes cometen delitos sexuales contra infantes y adolescentes es urgente y debería contar con el respaldo de todos los legisladores para tratar de evitar que los menores sigan siendo víctimas de violaciones.

Este fin de semana, el presidente Luis Arce y algunos asambleístas deploraron la actitud de un grupo de diputados que el pasado viernes rechazó el tratamiento del proyecto de ley que establece mecanismos de lucha contra la impunidad en delitos contra la libertad sexual.

Si bien no se detallaron las razones por las que algunos diputados rechazaron este proyecto de ley, lo más sensato será que reflexionen, porque se trata de proteger a los niños de delitos tan aberrantes como lo son los de índole sexual, imponiendo castigos que disuadan a otros de cometer los mismos.

Cuando se trata de la comisión de delitos, la justicia debe medir con la misma vara a todos, sin discriminar si se trata de ciudadanos de a pie, autoridades, personas con o sin dinero o que gocen de algún tipo de “poder” por ostentar algún cargo.

La violación contra cualquier persona, sin importar su edad, es un delito execrable que debe ser castigado con todo el rigor de la ley. Pero cuando la víctima es un adolescente o un niño es aún más aberrante, por lo que la norma debe ser endurecida con el fin de proteger a los que son parte de estos dos grupos vulnerables.

Legisladores de la oposición y del oficialismo han coincidido al señalar que hay necesidad de contar con una ley de imprescriptibilidad, es decir, que los delitos sexuales cuyas víctimas son adolescentes o niños se sigan persiguiendo sin importar cuánto tiempo haya transcurrido después de perpetrado el hecho, de modo que nadie se sienta impune o intente evadir la justicia con alguna chicanería para que el tiempo transcurra y se libere de la sanción.

La propuesta, además de que los delitos de orden sexual no prescriban con el paso del tiempo, es que las sanciones sean aún más elevadas para que estos depredadores permanezcan el mayor tiempo posible entre rejas y no puedan hacer daño a más niños.

Y quienes se oponen al tratamiento de esta ley tendrán que explicar sus motivos, además de plantear alternativas, pensando en el bienestar de los niños y adolescentes y no en los réditos que pueden obtener al bloquear una norma de este tipo.

Los legisladores no deben perder de vista que su tarea es aprobar leyes que beneficien a la mayor parte de la población, y que han sido designados para que trabajen por el bien común y no para un determinado partido político o grupo de poder. Aún están a tiempo de enmendar sus malas decisiones, pero deben hacerlo lo más antes posible, antes que otros menores sean víctimas de los depredadores sexuales.