Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 29 de octubre de 2020
  • Actualizado 22:16

Defensor y un informe que despierta dudas

Defensor y un informe que despierta dudas
La Defensoría del Pueblo presentó el informe de los conflictos de octubre y noviembre del año pasado, que fueron derivados de las elecciones generales fraudulentas y de la renuncia el expresidente Evo Morales.
El documento salió a luz el jueves, días antes de cumplirse un año de esos cuestionados comicios electorales.
La Defensoría concluye que en la represión militar y policial de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), en noviembre de 2019, hubo masacre y que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez cometió delitos de lesa humanidad. Pero no solo eso, también advierte que el Estado Plurinacional está en riesgo y que no hubo ni existe pacificación en el país.
El informe defensorial que tiene como título Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia, considera los sucesos que se dieron tras las elecciones fraudulentas, entre octubre y diciembre de ese año.
Asimismo,  señala  que se entrevistó a 84 personas que dieron información sobre la forma en que actuaron las fuerzas policiales y militares en esos días de protestas y violencia, así como también otros grupos irregulares que asumieron roles que legalmente no les correspondía.
Varias preguntas saltan al conocer el informe, entre ellas, ¿cómo se eligieron a las personas entrevistadas? ¿La Defensoría solo consideró a las víctimas de la violencia o familiares que perdieron a un ser querido o también  a los supuestos transgresores de los derechos humanos (policías, militares y otros acusados)? Esa institución ha manifestado que mantiene los datos de los testimonios en reserva por un tema de seguridad, pero no da ningún detalle más sobre ese grupo de personas.
Si bien es importante conocer qué es lo que realmente pasó los más de 20 días de permanentes protestas, sobre todo en las ciudades del eje del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), es claro que el informe tiene algunas imprecisiones que vale la pena considerar.
La Defensoría acusa al gobierno transitorio de crímenes de lesa humanidad, pero no toma en cuenta la línea de tiempo de todo lo sucedido. Es bueno mencionar que el expresidente Morales estuvo al mando del país hasta el 11 de noviembre de 2019, día en que, en horas de la tarde, en un mensaje al país, dio a conocer su renuncia al cargo; Áñez llegó al Palacio el 12 de noviembre, por lo que ahí hay una inconsistencia en el documento de la Defensoría del Pueblo.
Sería saludable que la institución encargada de defender los derechos humanos en Bolivia revele algunos detalles que aún quedaron en la nebulosa sobre su informe, porque está en juego su credibilidad e imparcialidad.