Después de más de dos meses de espera fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado la ley que beneficiará a miles de inquilinos en todo el territorio nacional.

La norma fue promulgada por la presidenta del Senado, Eva Copa, el 27 de agosto, porque la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, decidió no darle su aval y la observó dos veces, ya que la consideraba inconstitucional y que supuestamente violaba el Código Civil y la propiedad privada, porque su aplicación es retroactiva. Sin embargo, el jueves el Ejecutivo publicó la norma.

El 30 de junio, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley de Excepción de Arrendamientos, el objetivo era que los miles de inquilinos puedan beneficiarse con la rebaja del 50% del pago que realizan mensualmente a los dueños de la vivienda que habitan.

La norma tenía un componente altamente solidario, considerando que por la cuarentena rígida y flexible que impuso el gobierno desde marzo para frenar la propagación del coronavirus, todos estaban pasando momentos muy críticos porque dejaron de trabajar y percibir ingresos. Sin embargo, en esa lucha encarnada que han protagonizado los poderes Ejecutivo, encabezado por la presidenta Áñez, y el Legislativo, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene el control absoluto de las dos cámaras, las víctimas fueron las familias bolivianas, ya que, pese a la urgencia que tenían de contar con la ley para negociar con los dueños de casa, no se concretaba su aprobación y vigencia.

Esa falta de sensibilidad de los gobernantes ha llevado a los inquilinos a tratar de negociar con los propietarios, apelando a su buena voluntad, pero no todos lograron acuerdos, muchos fueron desalojados sin piedad y se quedaron en la calle con sus cosas y sus hijos.

Ahora, cuando la Mandataria está a menos de una semana de dejar el cargo, dio luz verde a esa normativa que, además de autorizar la rebaja del 50% en los alquileres para los arrendatarios, es retroactiva a marzo y estará vigente tres meses después de que se levante la cuarentena.  Asimismo, los arrendatarios gozarán de inamovilidad mientras el país esté en aislamiento rígido o flexible. 

Por su lado, el dueño de un bien inmueble alquilado será beneficiado con la condonación en el pago del impuesto RC-IVA, obtenido mediante el pago del canon de alquiler en un mínimo del 50%.

Lo que sucedió con la ley que beneficiará a los arrendatarios debe servir como ejemplo de la forma en la que los gobernantes no deben proceder; no es posible que tanto el Legislativo como el Ejecutivo hayan utilizado esa ley para intentar sacar réditos político partidarios, cuando miles de familias estaban sufriendo porque no tenían dinero para pagar el alquiler y los dueños estaban a punto de echarlas a la calle.

Es necesario que los legisladores y los que están en Palacio tengan empatía con el pueblo que los eligió para que gobiernen para todos y no solo para sus correligionarios.