Han pasado seis meses y 19 días desde que Jeanine Áñez asumió la presidencia transitoria de Bolivia. Llegó al Palacio Quemado el 12 de noviembre de 2019 por sucesión constitucional, tras la renuncia y abandono del cargo de Evo Morales.

La principal tarea de la Mandataria era convocar a nuevas elecciones generales para que los bolivianos vuelvan a las urnas y elijan a la nueva autoridad que se encargará de gobernar en los próximos cinco años. Las elecciones del 20 de octubre fueron anuladas tras comprobarse que hubo fraude electoral, lo que derivó en una protesta que duró casi un mes y dejó al país con serios problemas económicos, políticos y sociales.

Es evidente que Áñez recibió una tarea complicada, ya que había una gran polarización en Bolivia. En sus primeras semanas, tuvo que enfrentar la arremetida de sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que no aceptaban la salida de su líder del Gobierno y el país, y rechazaban a la nueva Presidenta.

La convocatoria para las nuevas elecciones, el nombramiento de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otras actividades estaban en marcha para consolidar un nuevo proceso electoral. Sin embargo, el 25 de enero la Mandataria anunció su candidatura para las elecciones que tenía que realizarse el 3 de mayo.

A partir de ese momento su gestión dio un giro; Áñez pasó de ser presidenta – candidata, por lo tanto, el trabajo del Gobierno tomó un matiz distinto. Entró en una fase de campaña electoral, algo que siempre fue cuestionado a su antecesor, porque aprovechaba de su condición de presidente para estar en campaña permanente.

Está claro que todos los bolivianos tienen derecho de participar en la vida político-partidaria del país, de elegir y ser elegidos, pero lo observable y cuestionable es que se aprovechen de un alto cargo público y más aún la Presidencia para hacer campaña.

Si bien había resistencia de algunos sectores a la presidencia de Áñez, la situación empeoró con las denuncias de presuntos hechos de corrupción en algunos sectores como el pago irregular de beneficios que se dio en ENTEL. A eso se sumó la compra nada transparente de seguros en YPFB.  También hay una denuncia en el Ministerio Público que involucra a la hija de Jefa de Estado en vuelos de aviones de la Fuerza Aérea, en los que se trasladó a amigos, algo totalmente ilegal y cuestionable.

Como si eso fuera poco, lo que más indigna a los bolivianos es la escandalosa adquisición de 170 respiradores españoles, donde se calcula un sobreprecio de casi tres millones de dólares. 

En menos de 10 días, la gestión de la Presidenta se ha visto empañada por esa denuncia que dio la vuelta al mundo. Como era de esperarse, el Gobierno hizo las denuncias y la Mandataria prometió investigaciones y sanciones “caiga quien caiga”. La primera baja fue su segundo ministro de Salud Marcelo Navajas, quien al parecer autorizó la irregular compra. 

Como en los anteriores gobiernos, hay denuncias en contra de presuntos implicados en los hechos de corrupción. Hasta hay personas encarceladas, pero también se ve que no existe avances concretos en aras de aclarar esos hechos.

Con todas esas acciones, la candidata - presidenta está tratando de lavar su imagen y ganar votos, sin embargo, las reacciones de sus mismos contrincantes políticos han sido demoledoras, por decirlo menos, ya que no solo cuestionan las políticas que está poniendo en marcha para enfrentar el COVID -19, sino que le han pedido que decline a sus pretensiones de lidiar en las elecciones generales que por el momento tienen como fecha límite el 3 de agosto del presente año. Le exigen que concentre todos sus esfuerzos en gobernar Bolivia, más aún en estos momentos tan difíciles por la presencia del mortal coronavirus que ya contagió a más de 8 mil personas.

Su equipo de ministros y asesores despliegan una serie de estrategias para revertir la mala imagen de la Presidenta, sin embargo, es una tarea muy difícil de lograr, sobre todo, si insisten en la candidatura.