La corrupción en los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) e incluso en reparticiones privadas, continúa siendo un problema que no se logra erradicar en el país, pese a las leyes y esfuerzos de algunas autoridades y ciudadanos.

Basta acudir a una repartición pública para realizar algún trámite y comprobar que algunos malos funcionarios ofrecen “ayudarte” a cambio de un pago extra por ese servicio, cuando ellos ya tienen un salario y  solo deben cumplir con su obligación en lugar de aprovechar la necesidad o la urgencia que tienen las personas para recibir una respuesta de las autoridades a las que acuden.

Ayer se recordó el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, arremetió contra la clase política.

Dijo que “la primera mala noticia de todos los días, y casi siempre empieza en la política. Quienes debieron dar ejemplo de vida: las élites, nunca lo hicieron (…). Por eso, mientras más se sube, más podrido está todo. Un político se corrompe cuando da la espalda al pueblo, desconociendo a quienes les dieron su confianza y busca a toda costa quedarse en el poder”. 

Las reflexiones del Vicepresidente son muy acertadas, porque, lamentablemente, los hechos de corrupción se gestan en las entidades públicas, en todos los niveles, y, en muchos de los casos, las autoridades son cómplices porque también se benefician con lo que mueven esas ilícitas acciones.

Hace más de 10 años, en marzo de 2010, fue aprobada la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, pero, son pocas las autoridades  y funcionarios que fueron juzgados y sentenciados por estar involucrados en hechos de corrupción. Las penas privativas de libertad por ese tipo de delitos son de hasta 10 años de cárcel. 

Si bien es cierto que cuando se destapan casos corrupción, los presuntos acusados son denunciados y hasta encarcelados, como sucedió con la compra de los respiradores chinos en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, lamentablemente al no avanzar las investigaciones, casi siempre terminan acudiendo a una serie de argucias legales para lograr salir de las cárceles y defenderse en libertad como si nada hubiese pasado. Casos como ese hay muchos y de hace bastante tiempo.

Bolivia está ubicada en el puesto 123 del ranking  internacional de transparencia; es uno de los países con mayor percepción de corrupción en América Latina, según un estudio de 2019 de Transparencia Internacional. Perú está en el puesto 101, Venezuela, en el 173;  Brasil, en el 106; Colombia, en el 96; Argentina ocupa el lugar 66 y Chile está en el casilla 26.

La lucha contra la corrupción es tarea de todos, no solo de las autoridades en función de gobierno. Estas ilícitas prácticas deben ser erradicadas no solo porque generan daño económico al país, sino porque es un tema de ética, de moral, valores fundamentales para la convivencia de los seres humanos.

Lucha conjunta

La lucha contra la corrupción debe ser encarada de manera frontal y por todos los bolivianos, no solo por las autoridades en función de gobierno