Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 05 de marzo de 2021
  • Actualizado 16:23

Corrupción y negociados en alcaldías

Corrupción y negociados en alcaldías

La renuncia de la alcaldesa de Quillacollo, Angelina Zeballos, y las denuncias que hizo en las últimas horas, confirman, una vez más, que las alcaldías siguen siendo un botín político y económico para determinados grupos de poder, donde, además, campea la corrupción impunemente.

Zeballos afirmó que su empeño por transparentar la gestión y denunciar la corrupción se convirtió en una "piedra en el zapato" de algunas personas, al extremo de que estas hicieron amenazas en su contra.

La ahora exalcaldesa afirmó que los funcionarios recibieron también amenazas tras la intervención que realizó la oficina de Transparencia a Recaudaciones.

Estas denuncias, que deberán ser sostenidas con pruebas, destapan, una vez más, las múltiples irregularidades, cuando no delitos, que se cometen al interior de las alcaldías, donde se administran importantes montos de recursos económicos.

Se ha denunciado que, por ejemplo, el pago de las coimas es una moneda corriente en algunas alcaldías, porque las empresas o personas que pugnan por adjudicarse un proyecto tienen más posibilidades de ganar si cancelan el denominado diezmo a quienes ostentan el poder de decisión en las diferentes licitaciones.

Estas denuncias se han hecho públicas, así como los respectivos procesos y las correspondientes sentencias (aunque muy pocas), pero ni eso frena la corrupción que ha invadido a esta y otras entidades públicas.

La repartija de pegas, como se dice vulgarmente, es otro mal crónico que debilita aún más los pilares de las alcaldías, porque, lamentablemente, muchos funcionarios ingresan a trabajar solo porque son militantes de un determinado partido político o porque pagan un monto de acuerdo al cargo al que postulan. Eso se puede evidenciar cuando se observa a funcionarios que no tienen la mínima experiencia para realizar sus funciones.

Seleccionar funcionarios que no están capacitados para cumplir con el trabajo para el cual fueron contratados va en detrimento de un municipio, porque no se atiende con celeridad los requerimientos de la población y los proyectos quedan rezagados.

La ostentación de poder para beneficio propio o de algún grupo es otro mal que se ha institucionalizado en las alcaldías. Inescrupulosos funcionarios (autoridades) utilizan el poder que les confiere su cargo para hacer negociados, colocar en puestos a gente de su entorno y adjudicar obras a familiares, que en muchos casos fungen como testaferros o palos blancos.

Es hora de que las arcas de los municipios dejen de ser un botín político y económico para privilegiados grupos de poder, es hora de cortar las siete cabezas de la corrupción que permanecen enraizadas en estas entidades públicas. Y para ello, la justicia tendrá que juzgar y, en su caso, castigar con el máximo rigor de las leyes a quienes siguen cometiendo actos de latrocinio contra un pueblo que queda en la indefensión.