Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 17 de octubre de 2021
  • Actualizado 02:14

Corrupción en las entidades públicas

Corrupción en las entidades públicas

Una controversia en la Intendencia de Cochabamba, en la que hay denuncias de una y otra parte, destapa una vez más las irregularidades que se cometen en esta repartición municipal, con atisbos de corrupción y falta de transparencia en las acciones de esta entidad pública.

El alcalde Manfred Reyes Villa informó sobre el despido del ahora exintendente Fernando Vargas, de quien dijo que no quiso devolver equipos decomisados al propietario de un local clausurado, pero, además, advirtió que no tolerará ningún acto ilegal.

Por su parte, el aludido Vargas afirmó que él renunció porque recibió muchas presiones para favorecer a algunas personas y que él no estaba dispuesto a fomentar actos de corrupción. Sobre los equipos, señaló que “no se pueden devolver activos que están en depósito y son para una actividad ilegal”.

Una investigación independiente, imparcial y sin favorecer a ninguna de las partes, tendrá que concluir quién tiene la razón. Cualquier esfuerzo de las autoridades debe estar orientado a erradicar la corrupción que sigue vigente.

Empero, al margen de lo que resulte de la investigación, lo que preocupa sobremanera es que algunas entidades públicas siguen teñidas de actos de corrupción, lo que demuestra, lamentablemente, que funcionarios se afanan por ganar un cargo en la función pública para enriquecerse.

En el caso de la Intendencia, las personas que están a cargo de la investigación deberán llegar hasta el fondo del asunto, con el fin de sentar un precedente y que se envíe una señal clara a todos aquellos que cometen actos de corrupción.

Lamentablemente, en los últimos años la población se ha acostumbrado a observar tantos actos de corrupción que este accionar se ha normalizado, es decir, se ve como algo normal que sirve para agilizar algún trámite o para que los funcionarios públicos se hagan de la vista gorda cuando se ha infringido una norma.

Asimismo, debe quedar claro que ningún funcionario público y menos las autoridades pueden favorecer a sus familiares, amigos o conocidos, porque eso va en contra de la norma y causa perjuicios a las instituciones.

En este aspecto, las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción tienen una tarea sumamente importante porque deben dar con los corruptos, procesarlos y, de acuerdo a las pruebas, será el juez el encargado de encarcelarlos.

En más de una oportunidad, en los medios internacionales se ha indicado que Bolivia ocupaba los primeros lugares en corrupción, por eso es hora de acabar con esta lacra, erradicar todo tipo de coimas, desde el pago de cinco bolivianos para acelerar un trámite hasta los miles que se desembolsan para favorecerse con un contrato millonario.

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