Después de dos semanas de negociaciones en la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) del Clima de Naciones Unidas  —y ante la expectativa de los ambientalistas de que exista una posición contundente que exija a la ciencia y a la sociedad civil acuerdos mínimos para enfrentar el cambio climático— se aprobó la resolución “Chile-Madrid. El tiempo de actuar”, que dista  de los objetivos demandados por ambientalistas, científicos y sociedad en general. 

Para nadie es desconocido los cambios climáticos negativos que se están generando por diferentes actividades del ser humano,  así como las consecuencias nefastas para la Tierra: subida del nivel del mar, multiplicación de fenómenos extremos como sequías e inundaciones, entre otras. 

Se prevé que si no se asumen medidas urgentes —entre los años 2030 y 2052— la temperatura media global podría aumentar hasta 1.5 grados centígrados. 

Muchos tenían puesta su esperanza para que en esta conferencia en Madrid, los compromisos que se adquirieron con la firma del Acuerdo de París (abril del 2016) no quedaran en papel mojado.

Se esperaba lineamientos precisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la regulación de los mercados de carbono; no obstante, los 200 países participantes no lograron llegar a un consenso y se aprobó la resolución mencionada.

China e India, países que generan altos niveles de gases contaminantes, no quisieron comprometerse tampoco Estados Unidos que se retiró del Acuerdo de París en 2017. Solo la Unión Europea aprobó alcanzar la neutralidad carbono en 2050.

No obstante, esta nueva  resolución sienta las bases para una mayor ambición frente a la emergencia climáticas y se reconoce que las políticas climáticas deben ser permanentemente actualizadas en base a los avances de la ciencia. 

En su postura oficial, Bolivia pidió apoyo internacional para recuperar zonas dañadas por los incendios en la Chiquitanía, en el Tipnis y el Madidi. Y ha puesto en tapete la inadecuada política ambiental durante el exgobierno del MAS y el alto porcentaje de deforestación en el país.

Es tiempo de que en Bolivia se promuevan espacios de participación para reformular políticas de reducción de emisiones de gases contaminantes. Está claro que todo esto no se logrará si no se garantiza un compromiso en la participación de este proceso.