La corrupción y el contrabando de oro van de la mano. En los últimos años, el país ha dejado de recibir miles de millones de dólares, lo cual incide negativamente en su economía, especialmente en la de las regiones en las que se explota ilegalmente este metal precioso.

En 2019, por ejemplo, el país exportó 42 toneladas de oro con un ingreso de 1.850 millones de dólares. Una cantidad importante (30 toneladas) sale de contrabando, según un informe lapidario del Ministerio de Minería.

El contrabando es una actividad ilícita de larga data, se arrastra desde hace varias décadas, pero no solo de oro, sino también de piedras semipreciosas como ocurrió en La Gaiba, hace más de 30 años, cuando el gobierno del entonces presidente de facto Luis García Meza las explotaba de forma ilegal.

Según las denuncias que realizan periódicamente los habitantes que viven cerca de las fronteras, en el oriente boliviano, dragas de empresas extranjeras buscan sin autorización oro en los ríos y sacan este metal de contrabando, en forma clandestina y sin pagar ningún tipo de regalía.

En más de una oportunidad se ha denunciado también que el contrabando de oro tiene la complicidad de funcionarios públicos, pero hasta la fecha hay pocas personas procesadas y encarceladas, pese a que el daño que se hace al erario nacional es grande.

El oro que se explota ilegalmente en algunos ríos del oriente boliviano sale por las fronteras con la complicidad de personas que tienen la tarea de luchar contra el contrabando, y el dinero que debería beneficiar al país se desvanece en cuentas bancarias del exterior.

Y con el fin de frenar el contrabando de oro, el Gobierno prevé crear una empresa comercializadora de este metal precioso, la cual será presentada en los próximos días a las cooperativas, empresas privadas y estatales.

El Gobierno prevé que las regiones afectadas por esta actividad ilícita participen en el control y la fiscalización contra esta actividad ilícita, de manera que les permita recibir mayores regalías que podrán ser invertidas en salud, educación y proyectos de infraestructura.

Lo importante será, para que no ocurran más actos de corrupción, nombrar a personas calificadas y honestas para que dirijan esta empresa comercializadora, porque se trata de una actividad que puede dejar importantes réditos económicos para el país.

No se puede permitir que grupos particulares se beneficien con los recursos naturales que tiene el país en su territorio, porque los réditos que se generan por estas riquezas deben ir para beneficio de todos los bolivianos.