El contrabando “hormiga”, una modalidad mediante la cual un grupo numeroso de personas traslada mercadería de un punto a otro, está siendo reemplazada por aquella en la que se utilizan medios de transporte para llevar estos productos, en mayor cantidad, desde las fronteras del país hacia las ciudades capitales.

En los últimos meses, al menos seis empresas de transporte fueron identificadas llevando mercadería de contrabando en sus asientos y pasillos, en vez de pasajeros, en la ruta Yacuiba (Tarija)-Santa Cruz, según una investigación realizada por la red Unitel.

Pero, ¿cómo es posible que productos de contrabando sean ingresados por carreteras y caminos de las ciudades fronterizas cuando el control de parte del Ejército y de los funcionarios aduaneros es estricto?

La respuesta es que existe, desde hace tiempo, una flagrante complicidad de algunos malos funcionarios aduaneros y de efectivos de la Policía y del Ejército en el ingreso de la mercadería de contrabando, por lo que estos productos ilegales siguen “inundando” los mercados locales y afectando en cientos de millones de dólares a la economía del país.

Un informe de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) da cuenta de que el contrabando ha ocasionado un daño económico de más de 1.400 millones de dólares en las gestiones 2020 y 2021, atentando contra la estabilidad laboral y precipitando el cierre de empresas.

Si el país quiere erradicar el contrabando, o al menos bajar los números crecientes en cuanto a cantidad, debe empezar eliminando la corrupción que persiste en la lucha contra este delito.

Un informe del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando da cuenta que en la gestión pasada (2022) se encarceló a 10 militares y se dio de baja a 5, por complicidad o pedir coimas a los contrabandistas para dejar pasar la mercadería ilegal.

Luchar contra el contrabando cuando existe complicidad por parte de quienes están encargados de evitar este delito es una tarea cuesta arriba, por lo que se debería colocar a personas probas en estos puestos, además de tener una instancia que realice un control permanente.

El contrabando es una actividad ilícita que debe ser eliminada, pero para eso se requieren normas que castiguen a quienes cometen este delito, económica y penalmente, pero también a los cómplices y extorsionadores.

Si no se asumen medidas urgentes para acabar con esta lacra, el país seguirá perdiendo millones de dólares y las empresas que cierren sus puertas lanzarán a las calles miles de desempleados que encontrarán en la venta de productos de contrabando la manera más fácil de conseguir recursos económicos, haciendo que se consolide este círculo vicioso en detrimento de todo el país.