Cuando una autoridad es interpelada porque no ejecuta alguna tarea específica, o sus funciones en general, lo primero que hace es, por salir del paso, comprometerse a resolver el asunto irresuelto y fija, ante los medios de comunicación, una fecha concreta para cumplir su cometido.

Sin embargo, lo que ocurre en la mayor parte de los casos es que estos compromisos se quedan en el aire, porque la autoridad que empeñó su palabra para resolver una determinada demanda se olvida del asunto, con la esperanza de que a la opinión pública le dé amnesia y no le apremie más con preguntas embarazosas.

Pero lo que no toman en cuenta algunas autoridades que han asumido un compromiso ante la población es que los contribuyentes están atentos y fiscalizan el trabajo que realizan o el que no hacen como parte de sus funciones.

Un ejemplo es el compromiso que asumió hace un mes el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Julio Medina, de encargar una auditoría para verificar cuántos docentes no cuentan con título profesional que les avale la docencia que dictan, tras una denuncia de que al menos 75 se encontraban impartiendo cátedra sin haber cumplido este requisito básico. 

En esa oportunidad, el Rector puntualizó que se tenía un reporte de solo tres docentes sin título profesional. Sin embargo, 30 días después del anuncio de iniciar una auditoría, hasta la fecha no existen resultados y Medina se comprometió a tener un reporte oficial en una semana.

Otro tema irresuelto en el municipio es la maraña de cables que cuelgan de los postes en toda la ciudad, especialmente en el Casco Viejo y en los centros de abasto. Hubo más de un compromiso de varios alcaldes en diferentes gestiones, de retirar los mismos e instalarlos en tuberías subterráneas, pero hasta la fecha solo se han incrementado cables y la situación es aún más crítica.

Así se podría ir citando decenas de ejemplos, de autoridades que se comprometen a resolver una demanda, pero que a los pocos días se olvidan del tema y cuando son interpeladas nuevamente, vuelven a empeñar su palabra para incumplir una vez más.

En este tipo de situaciones, las autoridades de todos los niveles tienen dos opciones. La primera es empeñarse más en cumplir el compromiso que han asumido, o la segunda alternativa (aunque no es lo ideal), que sean honestas y asuman que no podrán resolver determinada situación en el corto plazo y que se requiere de más tiempo porque son necesarias reformas estructurales y la inversión de grandes sumas de recursos económicos.

Comprometerse a solucionar las demandas inmediatamente y no hacerlo es caer en una especie de demagogia, lo cual llena de descrédito a la autoridad y la pérdida de su credibilidad.