La emergencia derivada del coronavirus en el país obligó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a elaborar y aprobar normativas de urgencia para enfrentar al mortal virus.

El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, el 5 de marzo, es decir cinco días antes de que se reporten los dos primeros casos de COVID -19 en Bolivia, aprobó el Decreto Supremo Nro. 4174  que autoriza al Ministerio de Salud, a las gobernaciones, alcaldías y a las entidades de la seguridad social de corto plazo, de manera excepcional, efectuar la contratación directa de fármacos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud para prevención, control y atención de la “emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada por el coronavirus.

Nadie puede poner en duda que esa determinación fue un acierto de las autoridades gubernamentales, más aún considerando que el país no estaba preparado con personal, insumos y equipamiento para enfrentar al mortal virus que tiene en vilo a casi todo el mundo.

Sin embargo, el simple hecho de que se pueden hacer compras directas, es decir que no sea necesario colgarlas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), de hecho, genera susceptibilidad y desconfianza en los ciudadanos, porque ya se vio una infinidad de casos de corrupción, principalmente en ese tipo de adquisiciones y en épocas de emergencia provocadas, principalmente, por fenómenos naturales como sequías o inundaciones.

Si bien existe una normativa que regula ese tipo de adquisiciones, sería bueno que, para tranquilidad de todos los bolivianos, se informe al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para que pueda revisar, analizar y dar fe de que todo el procedimiento para contratar bienes o servicios se hizo cumpliendo la normativa y sin ningún tipo de favoritismo personal, familiar, económico o político.

El mencionado decreto, en el artículo segundo, señala que para las contrataciones mayores a 20 mil bolivianos, las entidades contratantes solicitarán al proveedor el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) para la formalización de la contratación. “Una vez realizadas las contrataciones directas, las instituciones deben presentar la información de las compras o la contratación de servicios a la Contraloría General del Estado”.

En el caso de Cochabamba, los concejales aprobaron dos leyes municipales para que el Alcalde de Cercado disponga de 55 millones de bolivianos en compras de insumos, equipamiento y otros, y de esa forma estar listos para enfrentar al coronavirus. Llama la atención de que ya existan algunas denuncias sobre supuestos malos manejos de esos fondos, aunque también existen explicaciones que rechazan esas acusaciones y las tildan de políticas. 

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ha señalado que el Gobierno realizará todas las compras a través de las Naciones Unidas, pero también aclaró que los contratos serán enviados a la Contraloría, cuando se levante la cuarentena, porque la prioridad, en estos momentos, es la salud y “todas las decisiones están enmarcadas en cuidar la vida de los bolivianos”.

Esperemos que todas la autoridades cumplan los anuncios y transparenten las compras que están realizado. Los bolivianos estamos cansados de que algunas personas aprovechen el cargo momentáneo que tienen para echarle mano a dinero que le pertenece al pueblo.