Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 28 de marzo de 2020
  • Actualizado 17:35

Compras poco transparentes

Control

Todas las compras y contrataciones que realicen las instituciones estatales deben ser controladas, solo así se frenará posibles hechos de corrupción.

Compras poco transparentes

El 22 de enero, la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, ratificó que lucharía de manera frontal contra la corrupción. En su discurso, dijo que identificaron centenares casos de corrupción del anterior Gobierno y puso como ejemplo el Fondo Indígena y ENTEL. Esas declaraciones fueron bien recibidas por los bolivianos que esperaban un manejo transparente de la cosa pública.  Sin embargo,  se conoció que el 7 de febrero, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada,  firmó la Resolución Ministerial  Nro. 43 que modifica el Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), para que no exista obligatoriedad en el registro de las compras de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana. 

Esa determinación contradice lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1267 de Presupuesto General del Estado-Gestión 2020, promulgada el 20 de diciembre de 2019 por la presidenta Áñez, que indicaba que todas las entidades públicas deberían registrar obligatoriamente en el Sistema la información de sus procesos de contratación, independientemente de la norma aplicada en la ejecución del proceso de contratación y la fuente de financiamiento.

El Manual de Operaciones ya complementaba la disposición sobre publicaciones de información en el Sicoes, indicando que "las contrataciones no requieren ser registradas”, pero ahora incluye “aquellas (contrataciones) que por razones de seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado cuenten con normativa expresa de confidencialidad y reserva de información”.

El carácter excepcional se aplicará en la compra de armamento, pertrecho, equipamiento antimotín, sistemas de comando, control y comunicaciones por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas por razones de seguridad y defensa del Estado; y por la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno por razones de seguridad pública del Estado.

También está considerada en la excepción la contratación directa de bienes y servicios del transporte para la tropa de la Policía y las Fuerzas Armadas, cuando se requiera enfrentar las emergencias de seguridad del Estado.

Más de uno se pregunta ¿dónde quedó el discurso de la transparencia y lucha contra la corrupción? Se entiende que existen determinaciones para preservar la seguridad del país. Sin embargo, está claro que cualquier compra o contratación de servicios debe hacerse de cara al pueblo tal como lo hacen las otras reparticiones estatales; solo así se podría garantizar que esas operaciones no serán usadas por algunos funcionarios para desviar recursos de todos los bolivianos.