Los casos de coronavirus siguen en ascenso, el virus no para; los servicios de salud en el sector público están colapsados, lo que obliga a las familias a buscar ayuda profesional en las clínicas privadas para salvar la vida de sus seres queridos.

En la primera ola del mortal virus, que llegó a Bolivia el 10 de marzo de 2020, se vio que muchos centros de salud privados se aprovecharon de la necesidad y desesperación de las familias y no solo cobraron sumas exorbitantes por tratar a los pacientes con COVID-19, sino que les obligaban a realizar depósitos de miles de dólares como garantía.

Para evitar ese tipo de situaciones, el Ministerio de Salud aprobó una resolución que establece los precios referenciales que deben cobrar las clínicas, laboratorios y todos los servicios que están relacionados con la detección y tratamiento del mortal virus.

La medida es muy acertada, sobre todo, en estos momentos cuando a diario se van sumando más personas contagiadas y el temor por el virus crece en la ciudadanía.

Muchas personas que tienen sospechas de haberse contagiado con el coronavirus buscan realizarse pruebas de laboratorio y caen en manos de especuladores que han “inflado” los precios de los test rápidos o de la PCR.

La resolución señala claramente que los centros de salud privados solo pueden incrementar hasta en un 5% de lo establecido por el Ministerio de Salud, pero, además, deben demostrar con documentos las razones por las que decidieron aumentar sus costos.

En la lista regulada por los servicios se tiene que, por ejemplo, un día de atención en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), una de las más demandadas por los pacientes que tienen enfermedades de base y su salud se complica con el coronavirus, tiene un precio de 3.324 bolivianos, en cuidados intermedios el precio es de 2.604 y en sala común 1.137.

Ahora, es importante que esas tarifas por los servicios de salud sean socializadas para que todos los bolivianos las conozcan y exijan que sean respetadas cuando busquen ayuda médica para salvar la vida de sus seres queridos.

El tiempo que está viviendo Bolivia demanda del compromiso de todos. Al regular los precios de los servicios médicos privados no se está atentando contra sus intereses, solo se busca evitar la especulación y aprovechamiento de algunos propietarios de clínicas que aún no entienden que es momento de ser solidarios entre bolivianos para evitar más muertes que dejan dolor y luto en las familias.

Para nadie es desconocidos que hay quienes aprovechan el momento y, por ello, es importante que las autoridades también realicen controles de los servicios que se están prestando en las clínicas para constatar si están cumpliendo las normativas vigentes. En ningún caso se busca atacar, solo que todos actúen con conciencia y responsabilidad.