Las clínicas particulares que “asalten a los familiares” de las personas enfermas con coronavirus serán sancionadas, en caso de comprobarse cobros excesivos, advirtió el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario, tras recibir varias denuncias en esa línea.

Durante la primera ola de la pandemia, a mediados del año pasado, se conoció una infinidad de denuncias en contra de clínicas privadas que cobraron miles de dólares por la atención en sus unidades de terapia intensiva a pacientes COVID. Los cobros eran tan elevados que, haciendo una relación con los precios de países europeos (Italia y España), los de Bolivia estaban muy por encima.

La emergencia sanitaria que ocurrió el año pasado colapsó el sistema hospitalario en el país y las personas que necesitaban ser ingresadas a terapia intensiva tenían que registrarse en una lista de espera. Y cuando se abría un espacio, los familiares debían dejar como garantía por lo menos 50 mil dólares.

En esa misma época se difundieron historias de personas que se vieron obligadas a vender sus viviendas para poder pagar las facturas por la atención en un centro hospitalario privado.

Un año después de esa primera emergencia, Cochabamba se encuentra una vez más sumida en una crítica situación, en la que los casos nuevos se suman por cientos y las muertes por decenas. Y en este escenario que se repite, las clínicas particulares, según las denuncias, realizan cobros excesivos que están fuera del alcance de la economía de cualquier familia.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, instó a las personas o familias afectadas por cobros excesivos a denunciar este extremo, para sentar un precedente.

Ante la desesperación, una familia hace hasta lo imposible para conseguir dinero para una persona enferma con coronavirus, acudiendo a créditos o vendiendo alguna propiedad.

Según una resolución ministerial vigente, por ejemplo, la atención en una unidad de terapia intensiva, por día, no puede superar el monto de 3.324 bolivianos, que de por sí, ya es elevado y poco accesible para el común de la gente, pero es mucho más difícil para una familia si se le cobra cinco veces más.

Una persona que requirió internación en una unidad de terapia intensiva aseguró que pagó 2.500 dólares por día. En otro caso, una familia de tres miembros canceló 100 mil dólares.

Los dueños de las clínicas privadas tienen derecho a ganar por los servicios que prestan, pero no pueden aprovecharse de la desesperación de las familias para cobrar hasta cinco veces el monto real de un tratamiento.

En estos casos, el Estado tiene la tuición de no solo controlar los precios, sino también de sancionar a quienes se aprovechen de la salud de las personas. Y no solo nos referimos a las clínicas, sino también a las farmacias.