Ha transcurrido un poco más de un año desde que se denunciara un supuesto sobreprecio en la compra de respiradores y hasta fecha no se sancionó a ninguna persona, a pesar de que se iniciaron al menos 12 procesos contra exautoridades que fungieron sus cargos durante el gobierno de Jeanine Áñez.

La denuncia, que alcanzó ribetes de escándalo, señala que el daño económico en la compra de estos respiradores (170 españoles y 324 chinos) ascendería a por lo menos 8 millones de dólares, según la Agencia Boliviana de Información, una cifra considerable y que, una vez que se procese penalmente a los responsables de haber cometido este delito, se debe recuperar.

Según la denuncia, la compra se realizó en mayo de 2020 y se acordó un pago de 27.683 dólares por cada respirador español, cuando en realidad su precio era de 10.421 dólares, sin accesorios. 

“Luego se conoció que los equipos no eran aptos para terapia intensiva, sino para atención en ambulancias y terapia intermedia”, según una nota de la agencia estatal de información.

Comprar equipos con sobreprecio, en un momento de emergencia sanitaria, es un delito que debe ser sancionado con todo el peso de la ley y los que estuvieron involucrados en este hecho de corrupción tienen que devolver el dinero, como corresponde.

Entre algunos procesados se encuentran exministros de la gestión de Áñez y funcionarios de diferentes niveles, pero hasta la fecha, a más de un año de la denuncia, no hay avances importantes.

En este caso en particular (como debe ser en cualquier situación), el sistema de justicia tiene que obrar con imparcialidad, acusando a quién es responsable y dejando de lado a los que no participaron en este negociado.

Porque si no se sanciona a los responsables de este hecho delictivo, como ha sucedido en una infinidad de casos, los que están a cargo de las entidades públicas seguirán perpetrando delitos de corrupción, porque se consideran intocables.

Los equipos que se compraron en mayo de 2020 no son utilizados para el fin que fueron adquiridos (tratar a los enfermos COVID) y las personas a las que se les iniciaron procesos están confiadas en que todo este proceso no irá más allá de un gran susto.

La corrupción es un delito que ha estado socavando los pilares de las diferentes gestiones de gobierno, pese a los compromisos reiterados de cortar de raíz esta lacra.

Por eso es importante que se luche frontalmente contra este delito y se castigue a todos los responsables para que se siente un precedente y nadie más se anime a vulnerar la ley, perjudicando a millones de bolivianos que en este momento en particular sufren por una pandemia que ha matado a más de 15 mil personas en el país y que no da tregua al sistema de salud.