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  • Diario Digital | sábado, 16 de enero de 2021
  • Actualizado 02:37

Cambios en la ley; un pez gordo no es igual que una “mula”

Cambios en la ley; un pez gordo no es igual que una “mula”

La presencia de las mujeres en el tráfico de sustancias controladas es cada vez mayor en el país. La necesidad y las responsabilidades que tienen que enfrentar cada día, las obliga, en muchos de los casos, a caer en las garras de ese ilícito delito.

Los narcotraficantes han encontrado en las mujeres, sobre todo en las madres que tienen la responsabilidad de cuidar y criar a sus hijos, las mejores “aliadas” para transportar droga dentro y fuera del país.

La Ley 1008, vigente en el país hace 32 años, determina que las penas privativas de libertad por el tráfico de sustancias controladas oscilan entre 10 y 25 años. No distingue a hombres y mujeres, ni mucho menos toma en cuenta los móviles o razones que  lleva a las personas a entrar en ese ilícito negocio.

En los últimos años, en varias oportunidades las autoridades y parlamentarios anunciaron que esa norma sería cambiada y adecuada a la nueva realidad que vive el país, sin embargo, solo quedó en buenas intenciones.

Esta semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, abrió la posibilidad de que se modifique la Ley 1008 de Régimen de Coca y Sustancias Controladas, con el fin de reducir las sanciones a mujeres que son atrapadas en el tráfico de drogas.

La autoridad señaló que un cabecilla del narcotráfico debe ser juzgado con mayor severidad, ya que no es lo mismo juzgar y sancionar a un pez gordo que a una “mula”, persona que transporta droga a cambio de un pago que en muchos de los casos es ínfimo, considerando el elevado precio que tiene la sustancia ilícita cuando sale del país y es comercializada en Estados Unidos o Europa.

Es claro que todo delito debe ser sancionado, sin embargo, es interesante la posición del Ministro de Gobierno porque, evidentemente, las mujeres, que son cabeza de hogar, o que son de bajos recursos económicos, son las principales víctimas de los narcotraficantes y caen con facilidad en sus manos.

Esas madres o hermanas que se convierten en “mulas” deberían ser juzgadas de forma diferenciada y, precisamente, esa es la posición del Ministro de Gobierno; no las excluye de ser procesadas y sancionadas, pero sí abre la posibilidad de modificar la Ley 1008 para que tome en cuenta las razones o agravantes que llevan a una mujer a entrar en ese ilícito mundo.

La situación del país ha cambiado en los 32 años de vigencia de esa norma, por lo que es necesario hacer algunos ajustes. Será importante que la propuesta de modificación sea elaborada por el Gobierno y las instituciones que trabajan con las víctimas del narcotráfico.

No se puede dejar de lado el hecho de que al encarcelar por tantos años a una madre, los hijos se quedan desamparados y expuestos a todo tipo de riesgos.

El cambio de la norma también debe estar acompañado de programas y estrategias destinadas a ese sector, para que las mujeres no sean víctimas de delincuentes que solo se aprovechan de sus necesidades para atraparlas.