El trabajo de los jueces es crucial en la administración de justicia, porque en sus manos está dictaminar fallos justos, que se encuentren enmarcados en las normas vigentes en el país, pero que tomen en cuenta también el contexto en el que se asumen las sentencias. 

Cuando se juzga, por ejemplo, un caso de feminicidio, este debe ser procesado tomando en cuenta la perspectiva de género, como lo establece la Ley 348, y no solo la letra muerta del Código Penal que en más de una oportunidad ha permitido que asesinos confesos sean liberados y se den a la fuga, según afirmó María del Carmen Bernal, representante del colectivo Mujeres de Fuego.

Los jueces y también los fiscales deben tener un bagaje de conocimientos suficientes para administrar justicia, pero, sobre todo, probidad para que sus fallos sean lo más correctos posibles, sin inclinar la balanza para ninguna de las partes que participan en un proceso.

Sobre este punto en particular, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “ha identificado, de manera reiterada, la falta de independencia de la justicia (…) y la corrupción como graves problemas estructurales y de larga data”.

Estos problemas estructurales se podrán resolver solamente si el sistema de justicia del país cuenta con jueces probos, que no respondan a un partido político y que asciendan en los diferentes cargos mediante una carrera judicial por méritos propios.

Uno de los problemas es que la mayor parte de los jueces y fiscales ocupan cargos en forma transitoria. Un informe del Estado boliviano en 2018 daba cuenta que, de los 118 vocales, 1.039 jueces ordinarios y 63 jueces agroambientales, solo 163 eran jueces de carrera, lo que representaba menos del 14%.

Este porcentaje es aún muy bajo, más si se toma en cuenta que en el país funciona la Escuela de Jueces, que es una entidad descentralizada cuyo objetivo es la formación y capacitación de jueces y juezas para que formen parte del sistema judicial.

En cuanto a los fiscales, según la información proporcionada al GIEI por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de los 570 fiscales de materia en todo el país, solo un 20% fue institucionalizado en gestiones anteriores.

Para que la administración de justicia sea más eficiente, se tendrá que designar a jueces y vocales titulares, además de mejorar el presupuesto que se designa para este sector. Un informe de la gestión 2019 señala que el presupuesto asignado al sector de justicia correspondía al 0,49%, un monto insuficiente para impartir una justicia oportuna, rápida y que sea eficiente.

La justicia necesita una reestructuración que deberá iniciar con la designación de personal idóneo, jueces que dicten sus fallos tomando en cuenta el bien mayor.