El Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos está en vigencia, luego de que la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, promulgara la ley el pasado miércoles y fue publicada en la Gaceta Oficial.

El pago está destinado a más de tres millones de bolivianos para que puedan paliar los efectos provocados por el coronavirus.

Ese beneficio económico fue propuesto por el candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, y se materializó en el Senado. El 13 de agosto fue sancionada la ley, pero el Ejecutivo no la promulgó.

En julio, antes de que se conozca el planteamiento masista, la presidenta Jeanine Áñez dio a conocer que su gobierno tenía previsto pagar un Bono de Salud de 500 bolivianos, pero no se concretó, porque el Parlamento, controlado por el partido del expresidente Evo Morales, no aprobó lo créditos de entidades financieras internacionales para efectivizarlo, lo que generó malestar.

Los beneficiarios del polémico bono que mantiene enfrentados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, será pagado por única vez a las personas que no reciben ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado y a los que sean mayores de 18 años a la promulgación de la ley. También lo recibirán las madres que cobran el Bono Juana Azurduy, los del Bono Universal y las personas con discapacidad.

Nadie puede cuestionar ese pago para ayudar, principalmente a las personas de escasos recursos económicos que han sido las más afectadas con la crisis económica provocada por los más de seis meses de cuarentena rígida y flexible para frenar la propagación del mortal virus. Lo que es cuestionable es el uso político partidario que le están dando el MAS y la alianza de la Presidenta.

Ahora bien, está legalizado el Bono contra el Hambre, pero no hay dinero para que se comience a pagar.

En agosto, la diputada Otilia Choque, presidenta de la Comisión de Planificación, dijo que los créditos provenientes del BM y del BID, alrededor de 800 millones de dólares, de los cuales calculó que 550 millones serían utilizados para el pago de ese beneficio. Sin embargo, los dos organismos internacionales se pronunciaron en las últimas horas y señalaron que esos préstamos no pueden ser usados para ningún bono porque fueron aprobados para otros ítemes.

El Gobierno ha dicho que no se opone al pago del bono, pero reiteró que no hay fondos para cancelarlo.

Mientras tanto, el Ejecutivo presentó ayer una acción de inconstitucionalidad abstracta, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en contra de la ley que crea el Bono contra el Hambre, promulgada por la Presidenta del Senado, pues vulneraría la Constitución al usurpar funciones de la Presidenta, y solicita una medida cautelar para que no se aplique, en tanto el TCP no se pronuncie. Sería bueno que las autoridades dejen de lado sus peleas político partidarias y piensen en los millones de bolivianos que necesitan ayuda, sobre todo, en estos momentos.