Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 25 de junio de 2022
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Bloqueos políticos que atentan contra la economía

Bloqueos políticos que atentan contra la economía

El Alto vivió una semana ajetreada a causa del denominado bloqueo de las mil esquinas por parte de padres de familia de los 14 distritos de esta ciudad, con el argumento de falta de respuestas a sus demandas de la alcaldesa Eva Copa.

La alcaldesa de la urbe alteña aseguró que dio respuesta técnica a todas las demandas; habló de los perjuicios económicos que ocasionan los bloqueos y calificó la medida de presión como un tema político promovida por el Movimiento Al Socialismo.

Un par de semanas atrás, en Santa Cruz, en las localidades de San Julián y Cuatro Cañadas, los pobladores bloquearon carreteras principales, medidas de presión que fueron calificadas como arremetidas en contra del gobernador Luis Fernando Camacho con el fin de “hacer quedar mal a su gestión”, según el secretario de Desarrollo Productivo, Luis Fernando Menacho.

En los bloqueos de Santa Cruz, funcionarios de la Gobernación apuntaron también a operadores del MAS como los promotores de las medidas de presión y señalaron que estas acciones causan grandes perjuicios a los productores de la región.

En Cochabamba, esta semana, padres de familia bloquearon varios puntos del departamento, con diversas demandas, lo que provocó perjuicio en la circulación de vehículos y peatones, pero especialmente al transporte pesado que lleva carga de una región a otra, y en muchos casos a otros países.

Sin importar el motivo de los bloqueos o si son justificados o no, lo evidente es que estas medidas de presión provocan grandes perjuicios económicos que no toma en cuenta colores políticos. Es el ciudadano de a pie, el emprendedor, el empresario, el que invierte para hacer empresa, quien sale trasquilado, perjudicado.

Diferentes sectores tienen múltiples demandas que no son atendidas por las autoridades de turno, pero la solución no es perjudicar a la misma población, sino asumir otras medidas menos perjudiciales.

Y si una autoridad en función no resuelve una demanda que es razonable y legítima, las personas o grupos que no son atendidos deberían iniciar, incluso, acciones legales contra quienes no cumplen sus funciones, pero no se puede seguir perjudicando al grueso de la población, y menos destruir la economía del país que sale de una situación difícil después de una dura crisis a causa de la pandemia del coronavirus, y solo por intereses sectoriales o políticos que ven en las medidas de presión una forma de medir fuerzas con sus rivales.

Incitar a la gente para que bloquee es una acción que merece el repudio de la población, pero también el inicio de procesos en contra de los cabecillas porque se atenta contra la economía de todo el país.

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