El denominado transporte libre y la Asociación Departamental de Radio Taxis “7 de Mayo” decidieron, por motivos injustificados, perjudicar una vez más a Cochabamba con bloqueos en diferentes vías de la ciudad.

Uno de los motivos, entre otros, fue su intransigente oposición a las “fotomultas”, un sistema nuevo que sanciona con más efectividad a quienes infringen la restricción vehicular en el centro de la ciudad, prohibición que está vigente desde hace una década.

Quienes decidieron bloquear este martes, antes se daban modos para eludir los controles de los guardias municipales y de la Policía e ingresaban al centro en días de restricción por su número de placa, pero ahora caen in fraganti ante las cámaras de vigilancia. Es por eso que decidieron asumir esa insensata medida de presión.

Cuando el país trata de volver a la normalidad, tras 36 días de paro en Santa Cruz, que también perjudicó a Cochabamba, al transporte libre se le ocurrió bloquear por una demanda estrictamente sectorial.

En horas pasadas, la Alcaldía de Cochabamba señaló en más de una oportunidad que las “fotomultas” no se estaban aplicando a los radiotaxis, taxis y trufis, sin embargo, los dirigentes de estos sectores hicieron oídos sordos de dichas declaraciones y se lanzaron a esta irresponsable medida de presión que perjudicó y molestó a la población.

Están en su derecho de parar, pero no de interrumpir el libre tránsito de las personas que deben acudir a sus fuentes de empleo, a sus unidades educativas, ir a los hospitales o realizar diferentes diligencias.

Cuando el transporte libre se ve perjudicado por cualquier bloqueo, protesta y pide a las autoridades mantener las vías libres para la circulación vehicular. Por eso, debe ser consecuente cuando va a asumir medidas extremas y no hacer algo con lo que ellos mismos no están de acuerdo.

El bloqueo como medida de presión debe evitarse a toda costa. Antes deberán agotarse todas las opciones de reclamos e incluso llegar a una denuncia en los estrados judiciales si consideran que son tratados injustamente por alguna autoridad local o nacional.

Y las autoridades no tienen que esperar que un conflicto llegue a derivar en medidas extremas, sino que es su obligación atender las demandas coherentes y que tengan asidero.

Después de algunas horas de bloqueo, o días, los bloqueadores y las autoridades llegan a algún acuerdo, se dan apretones de mano y salen sonrientes, pero nadie resarce a todas las personas que fueron perjudicadas. 

Y en cualquier momento, una persona o grupo que tiene alguna demanda, por más vana que sea, recurre al bloqueo para seguir atentando contra el desarrollo de la región, mientras las autoridades miran de palco sin mover un solo dedo, dependiendo de quién bloquea.