Las esquinas de las calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba continúan inundadas de basura. Nuevamente, algunos pobladores de los alrededores de K´ara K´ara decidieron bloquear el ingreso al botadero y los carros de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), hace casi una semana, no pueden depositar las más de 540 toneladas de desechos que produce cada día la población.

Impedir el depósito de la basura en el botadero es un delito ambiental, pero, sobre todo, ahora es un atentado a la vida de los cochabambinos, porque los desechos en las vías públicas son un foco de contaminación que puede derivar en serios problemas.

Este bloqueo es el cuarto en algo más de un mes; todos fueron por diferentes razones que van desde demandas vecinales hasta temas netamente políticos.

El primer bloqueo fue entre el 12 y 20 de mayo, exigían la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y protestaron por la cuarentena rígida. El segundo, se desarrolló entre el 9 y 12 de junio. La razón fue la exigencia de una ley municipal para la dotación de agua potable gratuita. El tercero, se registró del 18 al 19 de junio, los trabajadores de la empresa Colina (a cargo del botadero) decidieron impedir el paso de los carros basureros exigiendo estabilidad laboral.

El cuarto se inició el 23 de junio y aún permanece, pese a la cuarentena rígida que está en plena vigencia en la ciudad para frenar el incremento de casos de coronavirus, que hasta el viernes contagió a 4.089 personas y mató a 247 personas.

El bloqueo permanece, pese a que hay personas detenidas tras una intervención policial realizada la madrugada del jueves para abrir el paso. Está encabezado por los llamados “autoconvocados” y piden la liberación de tres personas que guardan detención preventiva en cárceles de La Paz por atentar contra la vida, organizar y sostener la anterior medida de presión.

Algunas autoridades gubernamentales y municipales señalan que las personas que sostienen el bloqueo reciben 150 bolivianos al día por ese “trabajo”.

Más allá de las acusaciones, urge que las instituciones competentes, Alcaldía, Gobernación y hasta Gobierno central, intervengan y hallen una solución definitiva en esta zona, para frenar el abuso de algunos vecinos que usan la basura como un arma para presionar y obtener por la fuerza sus demandas y caprichos políticos.

Lamentablemente, en los últimos años, los pobladores de los alrededores del botadero y, ahora, hasta un grupo de “autoconvocados”, quienes supuestamente no obedecen a ningún partido político, han hecho del ingreso al botadero la mejor “trinchera” para conseguir una serie de demandas y, como siempre han  logrado doblar el brazo a las autoridades. Es casi seguro que pretenden hacer lo mismo en esta ocasión.