El conflicto por la tierra, que involucra avasallamientos con el uso de la violencia extrema, es un tema que las autoridades no logran resolver y se multiplica en las diferentes regiones del país, situación que provoca inseguridad jurídica a quienes son dueños de propiedades que están en la mira de bandas delincuenciales.

Tras los violentos enfrentamientos en la ciudad de El Alto, el pasado 27 de septiembre, con el saldo de más de 10 heridos y cinco arrestados, el Viceministerio de Régimen Interior informó que se identificaron tres organizaciones criminales implicadas en los avasallamientos que originaron los enfrentamientos.

El accionar de delincuentes que invaden tierras para lucrar es un modus operandi que data de hace varias décadas y las autoridades no logran poner un freno a este delito que, como en el caso de El Alto, deja heridos y en algunos casos muertos.

El avasallamiento de tierras es frecuente, sobre todo en el oriente del país, donde grupos armados ingresan con violencia a las propiedades privadas, y con el argumento de que no cumplen una función económica social se apoderan de lo que no les corresponde.

Solo como muestra, se puede mencionar el caso denominado Las Londras, hecho ocurrido el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo de delincuentes encapuchados, fuertemente armados, invadió una propiedad privada en Santa Cruz para secuestrar a policías, trabajadores de la hacienda y periodistas, a quienes golpearon inmisericordemente.

Este hecho delincuencial, ocurrido en una hacienda del municipio de Guarayos, se replica en otros sectores, especialmente en el oriente y los valles del país, y por el momento la justicia no asume medidas drásticas para poner fin al avasallamiento de propiedades privadas.

En más de una oportunidad, el Ministerio de Gobierno advirtió que desalojaría a todos los avasalladores. Y, de hecho, actuó en consecuencia durante algunos meses, pero los delincuentes retoman su actividad ilegal cuando las autoridades bajan la guardia.

Si el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, identificó la presencia de tres organizaciones delincuenciales que se dedican a invadir propiedades privadas y tierras fiscales, es menester que arreste a todos los involucrados y los lleve ante la justicia.

Solo con acciones decididas contra estas mafias se podrá devolver la seguridad jurídica a quienes con esfuerzo compran tierras y las trabajan para producir alimentos.

Las autoridades encargadas de luchar contra la delincuencia deben asumir medidas inmediatas para que los avasalladores tengan presente que en el país hay leyes que sancionan a quienes pretendan apoderarse de lo ajeno. Solo así se podrá evitar la comisión de delitos que ponen en riesgo la propiedad privada y la vida de las personas.