Si el caso del “eterno” dirigente universitario Max Mendoza no se hubiese hecho público, lo más seguro es que él seguiría cobrando los 21 mil bolivianos que cada mes le depositaban sagradamente por ser parte del presídium del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia.

Este dirigente, de 52 años, estuvo como alumno irregular durante más de tres décadas, sin asistir a clases y reprobando todo, pero ninguna autoridad de las universidades públicas en las que se encontraba inscrito tomó la decisión que correspondía, la de su baja definitiva.

Tuvo que saltar un escándalo de dimensiones para que, recién, se lo expulsara por decisión de 11 rectores, en el marco del Congreso Nacional de Potosí. En más de tres décadas, el ahora detenido preventivo en la cárcel de San Pedro, fue una ficha intocable al interior de la universidad.

Es lamentable, pero algunas autoridades reaccionan y cumplen con su deber solo cuando se denuncia alguna irregularidad y si hay presión de la opinión pública de por medio. Mientras tanto, se hacen de la vista gorda, seguramente por no conflictuarse o porque son cómplices de los delitos que se perpetran en las entidades del Estado.

Con Mendoza, lo más seguro es que otros implicados también caerán y, por lo tanto, deberán responder ante la justicia ordinaria, en algunos casos para devolver lo recibido en forma irregular, y en otros incluso con el riesgo de ser encarcelados.

La lección que se aprende del caso Mendoza es que las autoridades de las diferentes instituciones públicas deben estar atentas a lo que sucede en sus jurisdicciones y actuar en consecuencia cuando se detecta la comisión de delitos, y no ser cómplices porque más tarde les puede costar no solo sus cargos sino procesos administrativos y penales.

En las últimas horas, el diputado Héctor Arce, sin entrar en detalles y anunciando la presentación de documentos en las siguientes horas, dijo que a raíz del caso Mendoza se destapan casos irregulares en otras universidades públicas, como en la Autónoma de Beni y en la Mayor de San Simón.

Por responsabilidad, las autoridades que denuncian irregularidades deben presentar las pruebas correspondientes y no emitir la información por capítulos, porque eso podría implicar que solo se quiere obtener un rédito político.

Muchas de las personas que se encaraman en cargos jerárquicos lo hacen para esquilmar los recursos económicos del erario público, es decir, para asegurarse su jubilación, y el trabajo para sacar adelante la entidad queda relegada a un segundo plano.

Por eso es urgente que se sancione a todos los que se aprovechan de sus cargos públicos para delinquir o a quienes permiten que otros roben al Estado.