La aprobación del Presupuesto Reformulado de la gestión 2023 se hace esperar, pero no solo debido a aspectos netamente técnicos, sino también políticos, es decir, a causa de las pugnas internas que dividen cada vez más a militantes, dirigentes y autoridades del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, estas peleas entre militantes del MAS por demostrar qué sector tiene más fuerza y poder de decisión está pasando factura a gobernaciones, municipios y universidades, entidades que se han quedado sin recursos económicos para invertir en proyectos de desarrollo o para el pago de sueldos y aguinaldos.

Es tal la desesperación de los municipios y universidades, por ejemplo, que ambos sectores han advertido con movilizaciones desde la próxima semana, sin descartar la implementación de bloqueo de carreteras.

Mientras los municipios de los nueve departamentos del país exhortan, piden y exigen a los asambleístas aprobar el reformulado para concluir las obras iniciadas durante el transcurso de este año, y también otras que se arrastran desde gestiones pasadas, los asambleístas “arcistas” y “evistas” no llegan a un acuerdo para aprobar el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2023, debido a que se observa, entre otras cosas, que este presupuesto incluye puntos que no tienen nada que ver con el presupuesto propiamente dicho.

Los “evistas” y los partidos de la oposición aseguran que en el presupuesto reformulado se intenta, por ejemplo, aprobar un artículo que permitiría a la Unidad de Investigaciones Financieras investigar a cualquier persona que haya realizado alguna operación bancaria sospechosa, sin que se tome en cuenta el derecho constitucional de la presunción de la inocencia.

Lo que temen los opositores, y también los “evistas”, es que este artículo sea utilizado para perseguir y encarcelar a quienes observan o critican las acciones del Gobierno.

Si las observaciones son pertinentes, lo adecuado es que, a la brevedad posible, todos los asambleístas se reúnan en la sesión correspondiente, eliminen los artículos que no corresponden y aprueben el reformulado que es vital para gobernaciones, municipios y universidades, mucho más en esta difícil coyuntura que vive el país, con los incendios que siguen devastando áreas protegidas y la sequía que destruye cultivos.

Pero si las observaciones tienen solamente tintes políticos, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, los asambleístas, oficialistas y opositores, deberán reflexionar porque el daño no lo hacen solo al adversario, sino a la población que requiere con suma urgencia contar con recursos económicos para mejorar los servicios básicos, la salud, la educación y luchar contra los incendios.