Desde que Alberto Fernández asumió la presidencia de Argentina, el 10 de diciembre de 2019, y dio asilo político al expresidente Evo Morales, las relaciones con Bolivia no han sido de las mejores y con el paso del tiempo, se tensionan aún más. 

El Mandatario del vecino país no reconoce a Jeanine Áñez como presidenta constitucional e ignora su mandato y, más bien, abiertamente brinda su apoyo a Evo y al Movimiento Al Socialismo (MAS). Le ha permitido hacer declaraciones políticas, pese a que en su condición (asilado político) no podría hacerlas.

Uno de los últimos impases entre los dos gobiernos  se dio el 23 de agosto, tras las declaraciones que hizo el subsecretario de Obras Públicas de Argentina, Edgardo Depetri, quien dijo que se reunió con Morales para comprometerse a fortalecer la participación de migrantes  en la elección presidencial que se realizará el 18 de octubre, donde más de siete millones de bolivianos que viven dentro y fuera del país elegirán al nuevo Presidente o Presidenta que gobernará por los próximos cinco años.

“Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos, en la elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”, dijo la autoridad argentina en su tuit.

Es más que evidente que el gobierno de Fernández seguirá apoyando y hasta protegiendo al expresidente no solo porque tienen similitudes ideológicas, sino también porque al responder a Áñez la reconocería como Presidenta, algo que va en contrasentido con su posición, ya que él considera que Evo fue víctima de un golpe de Estado.

Frente a esas “agresiones” a la soberanía boliviana, el Gobierno transitorio elevó su voz de protesta, como en anteriores oportunidades, pero al no tener una respuesta de las autoridades del vecino país, el sábado, la canciller Karen Longaric convocó a Diego Alonso Garcés, encargado de negocios de Argentina residente en La Paz, para expresar la "protesta, el disgusto y la preocupación" por los recientes actos, considerados injerencistas, protagonizados por un funcionario público del vecino país con relación al proceso electoral de Bolivia.

Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reclamó al Gobierno argentino la injerencia por parte de sus autoridades en el proceso electoral boliviano, contrario a las normas y buenas prácticas electorales internacionales.

Los bolivianos votarán en 33 países el 18 de octubre. Para los comicios de 2019, el TSE habilitó a 341.000 residentes, especialmente de Argentina, Brasil, Chile y España, por lo que es importante tener buenas relaciones.

Pero, el vecino país no solo concentra a miles de compatriotas, sino que también es un socio comercial muy importante. De hecho, un gran porcentaje de la producción de banano del Chapare es destinado al mercado argentino.

Esperemos que estos impases sean superados y que se imponga la razón y las buenas relaciones que siempre han mantenido los dos países.