Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 19 de septiembre de 2021
  • Actualizado 15:32

Albarrancho, un nuevo chantaje

Albarrancho, un nuevo chantaje

Decenas de vecinos de barrios de la zona sur de Cochabamba ingresaron por la fuerza a los predios de la planta de tratamiento de aguas residuales de Albarrancho, con la amenaza de cerrar las válvulas como una medida de presión para exigir la ejecución de obras.

Al margen de que las demandas de estos vecinos sean o no justas, lo que no se puede permitir es que se cierren las válvulas de un servicio tan básico como es el tratamiento de aguas servidas, porque se estaría atentando contra la salud de una población que bordea las 800 mil personas.

Usar como medida de presión Albarrancho es un chantaje al que recurrirán los vecinos cada vez que tengan alguna demanda insatisfecha, al igual que sucede frecuentemente con el botadero de K’ara K’ara.

Los vecinos de cualquier barrio de la ciudad tienen derecho a reclamar y a expresar su molestia mediante medidas de presión cuando no son escuchados, pero cerrar un servicio básico no debería ser en ningún caso una alternativa, porque la salud de miles de personas está en riesgo.

La ciudad ya tiene más que suficiente con la contaminación ambiental y fugas de aguas servidas que impregnan las calles con olores fétidos, para que a eso se sume un colapso masivo del sistema de alcantarillado en caso de que se proceda a cerrar las válvulas de esta planta de tratamiento.

El gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), Luis Prudencio, advirtió que cerrar las válvulas provocaría un colapso de todo el sistema de alcantarillado con el riesgo de que se inunden los domicilios particulares.

Lamentablemente, en Cochabamba, los vecinos recurren al expediente fácil de bloquear calles por cualquier motivo, incluso cuando se trata de temas particulares que no incumben para nada a la población.

Si se identifica a las personas que están detrás de estas movilizaciones, la justicia tendrá que actuar con la mayor severidad, llevando a los estrados judiciales a los irresponsables de atentar contra la salud pública, dictando las sentencias que amerita el Código Penal con penas de hasta 10 años de privación de libertad.

Si se permite que cualquier vecino tome en sus manos las calles con bloqueos o más aún cierre las válvulas de un servicio básico, se estará sentando un antecedente funesto para la salud de la población, en este caso del municipio de Cochabamba.

En este caso particular, las autoridades deberán acudir a las instancias que correspondan para evitar que se sigan asumiendo este tipo de medidas de presión. Pero, además, tendrán que dirigir una administración más eficiente, cumpliendo las promesas que asumieron antes de postularse para un cargo y ejecutar las obras que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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